Hasta hace poco tiempo era políticamente incorrecto entre nosotros hablar en alta voz del descenso de la natalidad. Sólo se registraba en las estadísticas oficiales, y se analizaba en algunos Manuales universitarios; pero el tema no se discutía en los medios de comunicación, ni parecía preocupar a los políticos. Ha sido necesario llegar al fin del siglo XX para que la Unión Europea y los organismos especializados de la ONU nos llamaran la atención sobre el desierto demográfico en que puede convertirse nuestro país en la primera mitad del siglo XXI.

Desde 1900 a 1999 la natalidad en España se ha reducido a la tercera parte en términos relativos; a partir de los pasados años 80, nuestro índice de natalidad ha descendido por debajo del fatídico crecimiento cero, lo que significa que ya no se producirá el reemplazo o sustitución de unas generaciones por las sucesivas; y si hasta ahora ha habido un leve saldo poblacional neto, ello es debido a la constante mejora del índice de mortalidad, y a la inmigración. El horizonte de los cuarenta millones de habitantes, se aleja ya irremediablemente para nosotros.

Ya no es posible mirar a otro lado cuando se evocan estos temas, a menos que se opte por la política suicida del avestruz. La fecundidad de la población pertenece al bien común y al interés general de la sociedad; en primer lugar, de los propios españoles, pues nos jugamos la supervivencia del país como tal en el concierto de las naciones; luego, de los demás miembros comunitarios, pues el déficit de nuestra población hará recaer en otros países las cargas a repartir entre todos; por último, a nivel mundial —eso que suele llamarse ahora globalización— puede originar desequilibrios demográficos continentales, con imprevisibles efectos. ¿Será posible aclarar y delimitar el papel que en la resolución del problema demográfico español incumbe a cada uno de los protagonistas directos; es decir, a las parejas en edad de procrear, a nuestra sociedad, a los poderes públicos y, en especial, al Estado?

También resulta innegable la amplia difusión en nuestra sociedad de la anti-baby mentality, propuesta en los últimos años por no pocos medios de comunicación social, y que ha hecho estragos entre las generaciones jóvenes; ello ha originado un debilitamiento de las creencias y convicciones que, hasta ahora, sustentaba la concepción cristiana de la familia, abundantemente contenida en la doctrina social de la Iglesia e incansablemente predicada por Juan Pablo II. No deja, sin embargo, de ser cierto, en bastantes casos, que las circunstancias económico-sociales retrasan el matrimonio o impiden directamente que haya descendencia, o que ésta sea más numerosa; baste enumerar: el difícil acceso a una vivienda adecuada de precio asequible, la precariedad del empleo, el paro, la escasez de guarderías, etc. Pero con no poca frecuencia, al margen de aquellas situaciones objetivas, existen matrimonios que han decidido resueltamente el no a los hijos, o bien sólo el hijo único, o la postergación indefinida del primer embarazo. El hedonismo más exacerbado, un individualismo absolutamente enclaustrado en sí mismo o el ego convertido en nueva deidad, pueden estar en la posible explicación de tales actitudes, que, de generalizarse y persistir, sólo pueden conducir al suicidio colectivo de nuestro pueblo.

Debe quedar bien claro que la decisión sobre el tamaño de la familia corresponde exclusivamente a los progenitores, sin que pueda justificarse la existencia de poderes externos que actúen directamente sobre aquéllos: ni las viejas leyes caducarias de Augusto en el Derecho Romano, ni las modernas leyes de la China comunista que imponen el hijo único. Pero ¿podrán los futuros padres tener en consideración, a la hora de procrear, el aludido temor de que España se convierta en un desierto demográfico? Yo creo que estas razones son actualmente de peso, afectan a todos y, por ello, han de entrar en el razonamiento de los progenitores; pero introduciría algún matiz: no se trataría tanto de decir vamos a tener un hijo sólo para que en el 2050 España no sea un país de viejos, como decir tendremos otro hijo, también para que nuestro país no llegue a ser un desierto. Nunca un hijo puede ser instrumentalizado, ni siquiera por miras elevadas, sino que debe ser llamado a la existencia por amor de sus padres, queriéndole por sí mismo antes de nacer.

Los medios de comunicación ya cumplen con su misión si alertan a la opinión pública sobre el hecho en sí mismo, tal como nos lo presentan, con toda su crudeza, los organismos internacionales. Quizá podrían avanzar un paso más, llamando la atención sobre las consecuencias sociales que se seguirían de llevar a sus últimas consecuencias esas nociones sobre matrimonio y familia que hoy circulan, y a que antes he aludido.

El papel del Estado y los políticos resulta, en esta materia, de extraordinaria importancia práctica, no debiendo sorprenderles si deben revisar los programas que, hasta ahora, han defendido sobre la familia y la natalidad. Si la protección a la familia que tan solemnemente proclama el art. 39.1 de la Constitución debe convertirse en realidad, los poderes públicos tendrán que preparar un paquete de medidas efectivas en apoyo de la natalidad, aplicables a todas las familias con independencia de sus ingresos; de este modo no sería necesario una legislación especial para familias numerosas, pues las ayudas se multiplicarían según el número de hijos.

Adicionalmente plantearía la cuestión siguiente: ¿Es razonable seguir manteniendo la legalización del aborto en estas circunstancias? Desde 1985 hay constancia oficial de unos 750.000 abortos legales; cabalmente, la cifra que nos hubiera permitido alcanzar la barrera de los 40 millones, que hubiera impedido el cierre de algunos centros docentes, que haría menos angustiosa nuestra situación demográfica. Sin perjuicio de que muchos españoles seguimos pensando que mantener aquélla supone un ataque frontal al art. 15 de la Constitución, concurre ahora otra razón suplementaria que pone al descubierto lo absurdo e irracional de la legalización del aborto.

¿Llegaremos a tiempo de poner remedio eficaz? Dicen los expertos que hay un daño irreparable ya producido, pues los vacíos generacionales anteriores ya no pueden colmarse. Pero ante el futuro es posible trabajar por eliminar los obstáculos de todo tipo que, a diferencia de otros países comunitarios, están impidiendo superar este desierto demográfico, al que hemos arribado y del que no parece fácil alejarse.

Gabriel García Cantero