Lo que se discute es si la destrucción voluntaria de la vida del embrión puede o no ser un derecho de la madre o algo lícito en algunos casos. Considerar que quitar la vida al embrión pueda ser un derecho sólo es sostenible desde el más radical envilecimiento de la idea del Derecho. No puede existir un derecho a hacer algo que sea radicalmente inmoral. Derecho y moral no coinciden, pero tampoco pueden ser incompatibles. Sólo desde el relativismo moral o desde una perversa preferencia del interés o bienestar de la madre sobre la vida del embrión, se puede sostener su licitud moral. Julián Marías ha afirmado, con toda razón, que la aceptación social del aborto ha sido el más grave error moral de nuestro siglo.

Otra cosa muy distinta es que haya que encarcelar a todas las mujeres que se sometan a su práctica o los practiquen. Nuestra legislación ya exceptúa la aplicación de la pena en tres casos. Y también cabe aplicar con cierta generosidad la eximente de estado de necesidad y las atenuantes que prevé el Código Penal. Si además se considera que no es inverosímil que se estén produciendo casos de fraude de ley, habría que concluir que cualquier ampliación de los supuestos sería un grave error jurídico y moral.

El debate sobre el aborto no es una cuestión que enfrente a progresistas y retrógados. No hay nada progresista en matar embriones, ni nada retrógado, sino todo lo contrario, en defenderlos. Los casos que se esgrimen en favor del aborto o ya están suficientemente atendidos en nuestra legislación o pueden resolverse con medidas de ayuda y asistencia social.

Que los abortos tardíos prohibidos por la Cámara de Representarntes de Estados Unidos sean calificados de partos parciales revela, bajo el atroz eufemismo, la sangrienta brutalidad que encubren. No hay aquí nada de fundamentalismo, dogmatismo ni intolerancia, sino legítima defensa del valor de la vida y del derecho a ella. Quizá ninguna mujer deba ir a la cárcel por abortar, pero es seguro que todo aborto voluntario es ilegítimo.

Ignacio Sánchez Cámara