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Un duro golpe al derecho a la vida
 Como es sabido, las autoridades sanitarias autorizaron, hace unos meses, a los hospitales de la Seguridad Social que lo solicitaran, la píldora abortiva RU 486. Para evitar la alarma social y dar apariencia de legalidad, se afirmó que esa utilización se limitaría a los tres supuestos de despenalización del aborto previstos en la ley. Pero, por la facilidad de administración y la premura de tiempo en la decisión, es más que probable que esto no sea así y se convierta, de hecho, en un aborto libre, lo que sería ilegal y anticonstitucional, según la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que considera la vida prenatal un bien jurídico que debe ser protegido.
Ahora, la ministra de Sanidad, y por tanto el Gobierno, desean dar un paso más y poner, a disposición de todo el que la pida en las farmacias, otra píldora parecida, la así llamada del día después, aun con el riesgo que supone su uso para la salud sin control hospitalario. Con este nuevo paso, el aborto pasa, de hecho, a ser legal en los primeros días del embarazo, en cualquier circunstancia, pues conviene decir con toda claridad que la tal píldora es directamente abortiva, por impedir la implantación del óvulo fecundado —es decir, del hijo ya engendrado, en sus fases iniciales de desarrollo— en el útero. |
| El que se exija receta médica para vender la píldora abortiva (esperemos que no se regale, con el dinero de todos) no supone, en la práctica, ningún freno a este aborto libre, salvo que el médico, en el ejercicio responsable de su profesión, apelando si es preciso a la objeción de conciencia, no extienda esa receta, ni el farmacéutico la expida, puesto que ni la tal paciente (¡!) que acude a él es una enferma (en principio), ni el fármaco recetado es una medicina para curar, sino más bien un producto químico para matar. Recetar la píldora del día después equivale a extender un certificado de defunción del día antes de abortar.
Dice la portavoz del PSOE —en el colmo de la desfachatez— que es un crimen la cantidad de hijos no deseados que hay en España, donde cerca del 40 por ciento de los embarazos en adolescentes acaban en aborto. Tener un hijo, aunque no sea deseado, no es un crimen; lo que sí lo es, por definición, es matarlo, es decir, abortarlo. De otra parte, aun suponiendo que fuera cierta esa cifra, ¿acaso piensa esta señora o señorita que lo que se expulsa con la ingestión de la píldora es un pirulí, y no un óvulo fecundado, es decir, un verdadero y auténtico aborto, por lo que ahora los crímenes no se darán en el 40 por ciento de los casos, sino en el 100 por cien? Por su parte, la portavoz de IU califica la venta de esta píldora de acontecimiento saludable. Ahí queda esa frase para la historia de los derechos humanos de los no nacidos. Supongo que lo de saludable no lo dirá por ellos, que ven cortada de raíz su salud, es decir, su vida. El Gobierno hará un flaco servicio al respeto a la vida con este fármaco, y contribuirá al grave permisivismo y deterioro moral de muchas personas, especialmente jóvenes. ¿Cómo no advertir la estrecha relación de estas conductas con los malos tratos, la violencia, el alcoholismo, la droga…? No parece ése el camino para conseguir una sociedad más humana, más respetuosa con los débiles, más esforzada, más capaz de dominar sus instintos y ser responsable de sus acciones. Si los que han de velar por el bien común abdican de la defensa de estos valores, debilitan notablemente las energías morales de la sociedad y dan lugar al desencanto de muchas personas que han confiado en ellos. ¿Son conscientes de las consecuencias? ¿Dónde queda el compromiso del Gobierno de proteger la vida y la familia? Conviene manifestar el desacuerdo con este tipo de medidas. Entre otras cosas, no comprando productos de laboratorios que comercialicen la píldora en España, para no cooperar con negocios inmorales. Juan Moya |