La reforma de la Ley de Extranjería, en la que han trabajado durante 18 meses todos los Grupos parlamentarios, establece que los extranjeros gozarán en España de igualdad de condiciones que los españoles.

Los Jefes de Gobierno de la Unión Europea se reunieron, recientemente, en Tampere, para unificar los mecanismos de control del flujo de inmigrantes en las fronteras europeas, ante las posibles consecuencias económicas, políticas y sociales de su llegada. La integración de estos nuevos ciudadanos no es fácil para los Gobiernos y puede provocar importantes cambios, que los países occidentales no están dispuestos a aceptar rápidamente.

Mariano Rajoy, ministro de Educación y Cultura, señaló que esta Ley va a crear graves problemas a España, ya que lo convierte en el país del mundo donde es más fácil llegar y quedarse a vivir. Rajoy reconoció su disgusto por los votos de CIU y CC contrarios a las enmiendas del Senado y afirmó que ambas formaciones habían aprovechado para darle una patada en las canillas al Gobierno. Los canarios —continuó— han incumplido un compromiso que nos ha dolido. Pero el ministro no da la batalla por perdida y ha anunciado que su partido volverá a presentar las modificaciones en la próxima legislatura. Es más, muestra su absoluta convicción de que se harán con el apoyo de otros grupos —incluido el PSOE—, porque ya no estaremos en campaña... Y queda pendiente, además, la aprobación del Reglamento que debe desarrollar el Gobierno en los próximos seis meses para precisar varios de los puntos contenidos en la ley.

Nos hemos entrevistado con don Manuel Herrera, Responsable de Migraciones, de Cáritas España. Precisamente hace unos días, en pleno debate parlamentario, la Asamblea General de Cáritas difundía un comunicado en el que pedía que el proyecto de ley sujeto a debate pudiera ser aprobado con el mismo clima de consenso que ha caracterizado el proceso de reforma de la Ley de Extranjería, pero, eso sí, sin que el texto final supusiera retroceso alguno en la propuesta con la que se inició el proceso parlamentario; y que, de no prosperar, dificultaría la puesta en marcha de unas políticas de integración atentas a la dimensión humana de un fenómeno como el de la inmigración, siempre teñido del drama impuesto por el desarraigo familiar, cultural y religioso. Lo segundo se ha cumplido, pero, roto el consenso, todo apunta a que todavía seguiremos oyendo hablar de Ley de Extranjería unos cuantos meses o años.

Con especial interés ha vivido el proceso Manuel Herrera, que, no en vano, se ocupa de estas cuestiones desde 1983.

¿Hacía falta reformar la Ley de Extranjería?

La anterior Ley, de 1985, tenía un Reglamento, de 1986, que se renovó en 1996. En este Reglamento se dio un gran avance, porque el de 1986 era tan restrictivo como la Ley del 1985. El Reglamento de 1996 sacó de la Ley de 1985 cosas positivas.Un ejemplo es el derecho a la reagrupación familiar, que ni se cita en la Ley primera, pero que se da como un derecho en el Reglamento del 96. Otro ejemplo es el derecho a la residencia permanente. En los otros hay permisos de residencia que se renuevan: siempre hay que renovarlos, no existe el derecho de residencia indefinido. En el Reglamento de 1996 se reconoce que, pasados seis años de residencia permanente, ya se tiene derecho a una residencia indefinida, incluso cuando al renovar los permisos no tengas trabajo en ese momento. Además, la falta de trabajo no te quita el derecho a residir y a seguir buscando trabajo. En 1996 surgió el deseo de una nueva Ley, porque se vio que había avances pero que no se podía avanzar todo lo que se quería, porque la propia Ley no lo permitía. Entonces surgió el deseo de una nueva Ley por parte de las ONGs, la Administración, el Foro de la Inmigración… hasta que el propio Congreso se interesó por el tema y constituyó una Comisión que durante casi un año trabajó en el documento Situación de los españoles que viven fuera y de los inmigrantes y refugiados que han llegado a España. Era un documento consensuado del Congreso, muy rico, del que hay que resaltar algo que ojalá continúe siempre en España: une en la discusión a nuestros emigrantes y a los inmigrantes, sugiriendo que no se use una doble baraja y que se trate a todos por igual.

Con la nueva ley, aun en el supuesto de que hubieran prosperado las mociones, hay cosas muy buenas.El reagrupamiento familiar y la residencia permanente quedan como derechos del inmigrante, cosa que no está en muchos países de la Unión Europea. Pero había cosas que perdían fuerza, como la reducción de los casos en que la Administración tiene que dar razón de sus negativas.

¿Cual fue la reacción por parte de las ONGs que pidieron la reforma de la Ley ante la presentación de enmiendas que en muchos casos iban en sentido contrario?

Las ONGs nos quedamos desangeladas: si la ley que salió consensuada del Congreso nos parecía que podía ser mejorada, mucho más la que venía del Senado. Cáritas España piensa que hay opiniones en la propia Ley salida del Congreso que no son defendibles: el punto 29/3 dice que si un inmigrante lleva en España en situación irregular dos años y está empadronado, eso le daría derecho a estar nacionalizado. Eso nos parece que, en una Ley, es sugerir: Venga usted, pásese dos años en situación irregular, quédese en manos de la economía sumergida, expuesto a todos sus abusos, no tenga ninguna garantía procesal porque deniegan el derecho a la defensa jurídica, y al cabo de ese tiempo usted puede reclamar que se le reconozca. Con esto las mafias pueden decir: Te llevo a España. Vas a pasar dos años muy malos, pero después te van a reconocer la nacionalidad. Una Ley no puede favorecer ese tipo de trampa. Eso sí que va contra la reunión de Tampere y contra la voluntad de la Unión Europea.

La Administración española tiene estudios según los cuales la aportación por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social de los inmigrantes en situación regular es superior al gasto que provocan todos los inmigrantes. Nos llama la atención que el Ejecutivo no sea coherente con los datos que obran en su poder estudiados por ellos mismos. En el número de junio del Observatorio Permanente de la Inmigración, del Inserso, se dice que, al 31 de diciembre de 1998, el número de extranjeros en situación regular en España es de 719.647. Entre ellos están todos los del primer mundo (Comunidad Europea, Japón, América del Norte…), que pueden representar el 46% del total. Según eso, los inmigrantes regulares procedentes de países del tercer mundo podrían ser entre 350 y 400 mil en situación regular. El Presidente del Gobierno ha llegado a decir que había un millón de extranjeros en España. Dicho así, en un momento en que se estaba hablando de la Ley de Extranjería, era venir a decir que hay un millón de extranjeros del tercer mundo. Además todos esos extranjeros no son trabajadores, porque en ese número están las mujeres y los hijos, y sabemos que en España hay más de 50 mil niños del tercer mundo ya escolarizados. Los trabajadores como tales no llegan a 300.000, por lo que vemos que el número de inmigrantes es totalmente asimilable.

La Administración española tiene estudios en que se ve que el costo de una sanidad aplicada a todas las personas que estén en España es mínimo, en parte porque ya se está haciendo. En teoría la Sanidad sólo se otorga al inmigrante, en situación irregular, en casos de urgencia, pero se está aplicando en los hospitales de la Seguridad Social. Hay estudios y el costo no es grande.

¿En qué trabajos se ocupan los inmigrantes?

Ocupan lo que se está llamando los nichos laborales, que no ocupan los españoles. Hay tres espacios básicos:

-La economía temporera, agraria: en momentos concretos como la recogida de la uva, la recogida de la aceituna, que está ahora en marcha, todos los cítricos (de octubre a febrero)… Hay una serie de operaciones en España que requieren mucha mano de obra para la que los españoles no van. Irían si se les pagase muy muy bien. Si lo hacen, por ejemplo en Andalucía, están sujetos a las peonadas que tienen que cubrir. Y cuando las cumplen, se van, no les interesa trabajar más. Ha habido ocasiones en que han querido expulsar a inmigrantes que trabajaban en el campo y los patronos han dicho: ¿Y qué hacemos con nuestra producción?

-El pastoreo: todavía hay pastoreo, pero no hay pastores

-El servicio doméstico ampliado a todo, además de la casa, el nocturno, ampliado a hospitales y cuidado de personas en muy malas condiciones. No se quiere hacer. En Italia está muy difundido.

-El sector de la construcción: trabajan como peones.

¿Qué pide Cáritas?

La realidad es imparable, y aunque piensen que van a volver, la mayoría se queda. En Europa se queda el 80%. Cáritas apuesta para que se queden, pero integrándose con plenitud de derechos y deberes, usando la palabra integración en el mejor sentido. No hablamos de asimilación (sería el modelo francés); hay que imponer lo mínimo. Cáritas España afirma que los números son totalmente asimilables. Habrá que traer, por ejemplo, a más temporeros, garantizando que al año siguiente volverán. Si no se garantiza, el que venga con un trabajo temporal se querrá quedar durante meses sin trabajo, lo que no es bueno ni para él ni para el Estado español.

La primera prioridad que tiene Cáritas es dar estatuto de legalidad a los que ya están en la Península. Es mejor que vengan por esta vía o por la vía del contingente: que cada año entren en España una cantidad (creemos que hasta 40.000 podrían perfectamente quedarse) y, entre tanto, asimilar los que están entre nosotros.

El segundo punto sería la reagrupación familiar. La persona que viene a vivir entre nosotros tiene que se tratada como tal, y la familia es fundamental para el hombre. Lo que defendemos para nuestros emigrantes, lo defendemos para nuestros inmigrantes. Hay que ser coherentes. Si España necesita mano de obra —y la necesita—, y estas personas se van a quedar, queremos que formen parte de nuestra historia, y para integrarse, tienen que vivir en plenitud. Además, con los hijos tendremos garantizada la mano de obra que vamos a necesitar sin duda del 2005 al 2010. Pido al Gobierno que haga cálculos de la mano de obra que va a necesitar y que sea duro para que no lleguen de forma irregular. Lo que no se puede hacer es cerrar las puertas, porque los necesitamos y porque somos solidarios. De 1980 a 2030 se pasará de que Europa representaba el 8% de la población mundial al 4%. Es pasar a una situación de privilegio, y desde Cáritas nos parece bien que, por solidaridad, debemos acoger más gente de la necesaria. Nuestra idea es entre utópica y realista.

Coro Marín