El proceso legislativo de dos años de duración, con todas sus incidencias, y el amplio consenso social a favor de un estatuto de los trabajadores inmigrantes, han puesto de relieve que una política migratoria, respetuosa de los derechos humanos, ha de tener en cuenta que los flujos migratorios están ligados estructuralmente a la economía de libre mercado y a la concentración espacial de la riqueza, sin olvidar las migraciones forzadas por los regímenes dictatoriales y por ciertas estructuras socio-culturales de los pueblos, y las causas demográficas. Se ha inventado para hacer más rico al Norte, y no para resolver el hambre del Sur.

Los inmigrantes vienen porque los necesitamos, pues, a pesar de la existencia de altas tasas de desempleo, la fragmentación del mercado de trabajo provoca que existan nichos laborales, rechazados por los trabajadores nacionales. No nos quitan puestos de trabajo. No son mano de obra que hoy alquilamos y mañana expulsamos; son obreros, sujetos de derechos y deberes. No los olvidemos, si estamos preocupados por la justicia en el mundo obrero y queremos valorar el verdadero alcance tanto de la nueva Ley, como el de las rechazadas enmiendas del Gobierno. Si tras las elecciones de marzo se modificara la Ley aprobada en el Congreso desde la filosofía de las enmiendas sostenidas, sería el fracaso de una política de integración.

El reconocimiento de derechos sociales y cívicos que implica la Ley nos ha devuelto el verdadero rostro de los trabajadores inmigrantes: no son un problema, sino hijos de un pueblo, portadores de su cultura y su historia; no son indigentes, destinatarios de la limosna, sino obreros que merecen su salario, justo y digno; no son extraños, sino socios en un mismo proyecto de sociedad. Han de sentirse llamados a desarrollar su sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad y a nuestras Iglesias, y a expresar su voluntad de integración y de participación en ellas, desde el cumplimiento de sus deberes. Para ello, abandonando toda idea de provisionalidad, tienen el derecho, y el deber, de llevar a cabo un proyecto de vida personal y familiar; y, al mismo tiempo, de estar abiertos a los valores culturales y humanos del pueblo que los acoge. Cuando nos referimos al hombre y a la mujer inmigrantes, muy fácilmente tratamos de comprender su diferencia cultural y religiosa, pero estamos menos avezados a contemplarlos como obreros. Si examinamos lo que ha sido, en general, nuestra actitud ante ellos, aparece que, junto al ánimo y deseo de acogerlos y de posibilitar su integración, nos centramos en la pobreza, que acompaña a muchos. Confundir la condición del inmigrante con la pobreza está haciendo que los inmigrantes sean tratados como destinatarios de la caridad, o de la acción social. Esto está provocando como respuesta, por parte de muchos, el sentimiento de ser usuarios de los servicios sociales, pero no miembros activos, con derechos y deberes en la sociedad.

Los inmigrantes, por humilde que sea su trabajo, contribuyen a nuestro bienestar. Con sus 190.000 contratos dados de alta en la Seguridad Social, están contribuyendo también a que nuestros mayores puedan percibir aumentos en sus pensiones. Quienes con una visión miope defendían un proyecto de Ley restrictiva han confundido a muchos, presentando a los inmigrantes como un problema, como rivales y como una amenaza para el orden público, despertando sentimientos xenófobos y haciéndoles creer que estamos siendo invadidos, que se iba a disparar el costo social y deteriorarse la convivencia. No hay ningún artículo coladero. El inmigrante que lleve dos años clandestino sólo puede solicitar residencia según el procedimiento que fije la Administración. No los creáis. Los inmigrantes son obreros y no delincuentos; en España sólo representan el 1,9% de la población total. Si pagan impuestos como nosotros, no les regalamos nada. ¡Que regularicen a los clandestinos! La diversidad enriquece.

En el regateo del debate han quedado tirados en la cuneta la mayoría de los trabajadores clandestinos. Sólo podrán ser regularizados quienes hubiesen llegado antes del 1 de junio de 1999 y cumplan una de las dos condiciones señaladas. ¿Qué será de los que llegaron después llamados por las interesadas declaraciones de los distintos líderes políticos desde el mes de julio hasta hace unas semanas? Fueron moneda de transacción. Una nueva Ley que pretende una política de integración no puede entrar en vigor con un lastre semejante. Nada le impide al Gobierno ampliar esta fecha hasta finales de noviembre y simplificar el procedimiento. Es conveniente, si se quiere gestionar adecuadamente el contingente 2000. Es justo, si se piensa en las personas: no pueden ser ignoradas y abandonadas a la explotación. Defendámoslas.

En el debate parlamentario se ha roto el consenso. Es grave. Recordemos al Gobierno, a los líderes políticos y legisladores y a la sociedad entera que hemos de afrontar el desafío del fenómeno migratorio como una cuestión de Estado, si no queremos alimentar actitudes racistas y xenófobas. Los inmigrantes no deben ser moneda de cambio electoral. Con responsabilidad, debemos tener en cuenta las variadas perspectivas del fenómeno migratorio: políticas, socioeconómicas, culturales; y, sobre todo, éticas y morales, que tienen como punto normativo supremo el bien, la dignidad y el respeto a toda la persona humana.

¿Nuestro empeño? La formación de una opinión ciudadana, abierta y receptiva para los emigrantes, que exija que nuestros representantes en las Cámaras legislativas y en las instituciones europeas opten por una política de emigración orientada y guiada por el valor intangible de la persona humana, por el principio de solidaridad con los más débiles y de comprensión y relación cordial entre los pueblos. Sería una de sus contribuciones a la vida pública que más podría influir en un futuro de fraternidad y de paz para la sociedad española.

Antonio Martínez
Delegado diocesano de Migraciones