Hace ya más de veinte años, Cruz Martínez Esteruelas denunciaba que la familia, en décadas precedentes, había sido tratada por algunos políticos y pensadores despiadadamente, convirtiéndola en símbolo de conservadurismo, motejándola de institución burguesa, desprestigiándola ante los jóvenes. Denostarla o silenciarla fue tenido por signo de modernidad... En la medida en que el significado de los programas de los partidos políticos no es otro que el de dar a conocer el modelo de sociedad que propugnan y los medios que se van a emplear para llegar a alcanzar sus aspiraciones, en relación con la familia cabe afirmar que, en general, el contenido de los diversos programas políticos difieren —como es de esperar en una sociedad pluralista— en cuanto al modelo de sociedad que subyace en ellos y, consecuentemente, en cuanto al papel que se le atribuye a la familia dentro de la sociedad. En lo que hay más coincidencias, aunque también sensibles diferencias, es en lo referente a los medios y medidas a adoptar.

Tomando como elemento de análisis, a efectos comparativos, los programas de los partidos políticos en 1982, vemos cómo en el del PSOE no existía una concepción de la familia como célula social que determine conceptualmente las ayudas del Gobierno. El objeto de interés se fija en el ciudadano, sujeto de derechos y obligaciones en la sociedad. El tema de la familia aparecerá como primordial en la política de AP, lo cual explica la abundancia de textos en la doctrina política de este partido. UCD fue otro de los partidos que más explícitamente ha dejado constancia de forma documental sobre su concepción de la familia y el papel que ésta juega en la sociedad española, lo que no excluía las células unipersonales que viven comunitariamente, sin que exista relación parental entre sus miembros. Fue en tiempos del Gobierno de UCD (1981) cuando se legalizó el divorcio en España. Como partido político de izquierdas, en aquella ocasión y en sus declaraciones programáticas, el PCE hacía hincapié en una política sectorial y rechazaba los planteamientos de una política directamente familiarista.

Durante los años del gobierno socialista (1982-1996), estudiados por Julio Iglesias de Ussel, el profundo desnivel existente entre las prestaciones familiares en España y otros países de la Unión Europea acredita la falta de voluntad para implantar una política familiar efectiva. En el período de gobierno que examinamos, el desnivel no ha sido atenuado. Dirigentes socialistas relevantes han mostrado su rechazo a cualquier política familiar, fundado en la creencia errónea en el contenido conservador «per se» de ésta. Esta orientación ideológica la expresó un destacado responsable político de aquella época, cuando escribió que, en España, la política familiar resultaba «políticamente incorrecta» dada su utilización abusiva como uno de los tres soportes básicos —junto al municipio y al sindicato vertical— del régimen de «democracia orgánica} establecido por el general Franco.

Han transcurrido ya casi dos décadas desde que se presentaron aquellos programas y la familia, como institución, lejos de marcar un declive, se conserva vigorosa, como lo ponen de manifiesto todas las investigaciones sociológicas (CIS, CIRES, etc.) Los datos son tozudos y reflejan una realidad evidente. Quizá por ello se han producido cambios sensibles en los planteamientos programáticos de las distintas formaciones políticas y en ellas también.

Así, en partidos como el Partido Popular —sucesor de AP—, todo lo referente a la familia se reafirma y refuerza, y en ello ha encontrado una alta coincidencia en CIU. Para las elecciones generales de 1996 en España y de 1997 en Galicia, el PP presentó unos programas en los que la familia consistía en una unidad de atención preferente no sólo como objeto de capítulos concretos de los programas generales, sino también en publicaciones específicas. Sin embargo, y consecuentemente con los cambios operados en nuestra sociedad, se sostiene que una política familiar no puede ser paternalista ni dirigista, por lo que, desde sus planteamientos en materia de política de apoyo a las familias, no se pretende, de ningún modo, condicionar lo que pertenece al ámbito de la libertad personal o de la propia intimidad de los sentimientos y convicciones de cada uno.

Por su parte, el otro partido mayoritario, el PSOE, quizá ante la evidencia a la que más arriba hemos aludido, ha ido modificando sus planteamientos en sus programas electorales a medida que han ido transcurriendo los años. Así, en el de 1993 aparece un epígrafe titulado Las personas mayores, la familia y la infancia: impulsar su bienestar, pero sin que se propongan de manera explícita acciones dirigidas a la familia como institución. En 1996 aparece, por primera vez, un epígrafe dedicado específicamente a la familia, en cuyo desarrollo se emplea este término como reconocimiento expreso de una realidad social que, obviamente, ha experimentado una notoria transformación, y se proponen medidas concretas para diferentes situaciones familiares, incluso de apoyo a la natalidad. Se habla también de las uniones de hecho, con independencia del sexo y de la orientación sexual de sus componentes.

A finales de 1998 manifestó José Borrell, en aquel entonces todavía candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno: Hay que potenciar la familia; no nos podemos imaginar hasta qué punto es importante en la sociedad actual. Es la institución más solidaria que existe por encima de los esquemas de protección social, y no está recibiendo las ayudas con las que cuenta en otros países. Y ya en 1999, en vísperas de unas nuevas elecciones, el PSOE incluye decididamente a la familia en sus proyectos programáticos.

Vemos, pues, que se producen, por un lado, reafirmaciones y, por otro, reconsideraciones sobre el concepto y la idea de la familia, y no sólo desde la discusión semántica, sino también desde la consideración real de la institución. La familia, como tal, es, pues, objeto preferente de la atención desde las principales y diferentes opciones políticas. Esperemos que no sea sólo con fines electorales y en tiempos de captación de votos y que, en la práctica y en el futuro de esta institución, que al cabo es reconocida como básica en nuestra sociedad desde las distintas concepciones políticas, reciba de la sociedad la atención que precisa para reforzar su papel como agente de protección social y económica y seguir cumpliendo con sus funciones en relación con el individuo y con la propia sociedad.

Gerardo Hernández