Por iniciativa del Consejo Pontificio de la Familia, presidido por el cardenal Alfonso López Trujillo, se celebró recientemente en Roma una reunión de representantes de organizaciones no gubernamentales católicas para discutir cuál es la estrategia que hay que adoptar en previsión de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que debería sancionar la aplicación de la Plataforma de Acción, de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. La Asamblea de la ONU, conocida con el acrónimo de Pekín+5, tendrá lugar en Nueva York del 5 al 9 junio de 2000.

Monseñor Renato Martino, Observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas, explicó la ambivalencia que caracteriza a estas grandes asambleas internacionales. Por una parte, están pensadas para afrontar problemas importantes, como la desigualdad social, política y económica, la injusticia y la discriminación de las mujeres en el mundo industrializado, el abuso y la devastadora pobreza en el mundo en vías de desarrollo. En estos puntos importantes para la promoción de la mujer, la Santa Sede ofrece su apoyo. Sin embargo —añadió el embajador del Papa ante la ONU—, en conformidad con la naturaleza particular de su misión, la Santa Sede se ha visto obligada a expresar sus reservas en aquella parte del documento final (de Pekín 1995) en la que se habla con evidente exageración de la llamada salud «sexual» y «reproductiva» de las mujeres. Esta parte contiene un lenguaje ambiguo, que podría ser interpretado como una invitación a promover el aborto y la homosexualidad. Monseñor Martino aclaró que la Santa Sede no se hace ilusiones y sabe muy bien que el planteamiento de «Pekín +5» representará un momento para afrontar nuevas batallas sobre la llamada salud reproductiva, sobre los «derechos» a la anticoncepción para los adolescentes sin el consentimiento de sus padres, sobre los «derechos» de los homosexuales y sobre la libertad para abortar.