La inmigración, que crece en proporción y complejidad en nuestra archidiócesis y en la Comunidad Autónoma de Madrid, representa para la Iglesia un reto excepcional: reafirmar e intensificar una presencia pastoral activa en el mundo inmigrante como una urgente exigencia de su misión. A los trabajos de conocimiento de la realidad, a la mirada sociológica, tienen que seguir las soluciones a los problemas que comporta cada inmigrante. No se trata de conocerlo para adoptar actitudes defensivamente recelosas, sino para ofrecernos y para responder adecuadamente a la llamada del mundo obrero inmigrante desde nuestras comunidades eclesiales: parroquias y movimientos. Se trata de contribuir con el método propio de la evangelización a la formación de un clima social y de una opinión ciudadana, abierta y receptiva para los inmigrantes, y salir al encuentro del otro para saber vivir juntos, reclamando la atención y el interés comprometido de las instituciones públicas y privadas.

En este contexto, fuertemente marcado por notables flujos migratorios y por un creciente pluralismo étnico y cultural, el Año Jubilar nos invita a esperar el amanecer de un nuevo día para los trabajadores inmigrantes.

Recordando que Jesús vino a evangelizar a los pobres y que el compromiso por la justicia y por la paz en un mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales y económicas, es un aspecto sobresaliente de la preparación y de la celebración del Jubileo, que debe servir al restablecimiento de la justicia social y al reconocimiento de la igualdad entre todos los hijos de Dios, quisiera recordar aquellas actitudes, gestos y actuaciones por los que la reconciliación, contenido y objetivo peculiar y fundamental del Jubileo debiera encontrar su expresión propia en este campo de los problemas del inmigrante en Madrid: en nuestra archidiócesis y en la sociedad madrileña.

Abordar el fenómeno de la inmigración con responsabilidad y en toda su integridad exige tener en cuenta variadas perspectivas: políticas, socioeconómicas y culturales; pero también, y en primer lugar, las éticas y morales, que tienen como punto normativo y supremo de referencia: el bien, la dignidad y el respeto que se debe a toda persona humana y a su primero y fundamental entorno social: la familia. Por ello, la Iglesia no puede por menos de condenar con firmeza toda acción de violencia contra los emigrantes —siempre, nuestros hermanos— y todo comportamiento determinado por sentimientos y doctrinas racistas o xenófobas.

Los trabajadores inmigrantes y los refugiados no pueden ser reducidos al simple papel de instrumentos de producción, sino que han de gozar de un estatuto de residencia permanente que les permita salir de toda precariedad legal y socio-laboral. Un estatuto que les posibilite, por un lado, gozar efectivamente del derecho a vivir en familia, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a los beneficios y prestaciones de la Seguridad Social, a los recursos básicos, y a participar en la vida social del país sin verse forzados a renunciar a sus peculiaridades culturales; y, por otro, incluso les permita participar en la vida de la comunidad política dentro del debido marco legal. La Unión Europea y España en su seno no pueden convertirse en una fuente de discriminaciones y exclusiones. La no equiparación progresiva en derechos sociales, cívicos y culturales repercutiría de manera muy negativa en la convivencia.

La medida ética y moral de una sociedad, auténticamente democrática, la da la forma en que se protejan, de derecho y de hecho, todas las libertades fundamentales, se luche para que desaparezcan las discriminaciones y las desigualdades injustas, y se otorgue al inmigrante y al forastero un trato digno de la persona humana. Una sociedad justa y cercana al hombre ha de tener abatidas todas las barreras sociales. En cuanto empiezan a levantarse vallas entre nacionales y extranjeros, por muy objetivas que parezcan las razones que pretendan justificarlas, esa sociedad deja de ser humana y cristiana.

Los medios de comunicación social han de ayudar al ciudadano a formarse un cuadro adecuado de la situación, a comprender y respetar los derechos fundamentales del otro, así como a asumir su parte de responsabilidad en la sociedad. El encuentro con el otro es signo de conversión y fuente de auténtico humanismo: invita a contemplar con más hondura a la persona humana y nos llama a crear una cultura en la que el hombre pueda ser más hombre.

Urge vivir la catolicidad no solamente en la comunión fraterna de los bautizados, sino también en la hospitalidad brindada al extranjero, sea cual sea su raza, cultura y religión, rechazando toda exclusión o discriminación de la dignidad personal de cada uno, con el consiguiente compromiso de promover sus derechos inalienables.

En este momento se presenta como necesidad especialmente apremiante para las comunidades cristianas la acogida y formación de la familia inmigrante que, tras años de separación, recomienza su convivencia en situaciones culturales diferentes y materiales precarias, de los jóvenes de la segunda generación, numerosos ya entre nosotros, de la mujer inmigrante dado el alto índice de feminización que la inmigración alcanza en Madrid. Sin olvidar la apertura de espacios de encuentro con los inmigrantes creyentes de otras religiones.

Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-arzobispo de Madrid