Quince de cada cien españoles, según la Encuesta de Población Activa, están en el paro. En Francia, en Alemania o Gran Bretaña, cifras que ya quisiéramos para nosotros hacen estallar el polvorín. Pero aquí, todo queda en casa. Padres, hijos, hermanos, primos... no le dejan a uno en la estacada. Si hay un minusválido, le atiende la familia. Y ¿qué es eso de desentenderse de los mayores? En más de la mitad de los hogares españoles, conviven tres generaciones distintas; en el 1%, se juntan incluso cuatro. Y todo ese gasto, peseta a peseta, se lo ahorra el Estado. Ésta es la gran paradoja española: No hay inversión que repercuta más de lleno en toda la sociedad que la inversión en familia. Y, sin embargo, es difícil encontrar un país de nuestro entorno que mire más el bolsillo a la hora de defender una institución que, se mire por donde se mire, es uno de nuestros grandes tesoros.

Pero, ¿quién dijo defender? Verdadera hostilidad, proporcional al número de hijos, es lo que ha existido en estos últimos años, como si esto de la familia (tradicional, obliga a añadir la corrección política) fuera sinónimo de una, grande y libre. Cierto que este masoquismo lleno de complejos, víctima de una manía persecutoria no tan infrecuente a lo largo de nuestra historia, ha salpicado a otras muchas esferas de la vida española. A él tendrán que culparle el día de mañana los niños andaluces o murcianos cuando descubran que sólo han estudiado la historia y cultura de diez kilómetros a la redonda, complementadas, eso sí, con extensos apuntes de budismo camboyano y cultos panteístas subsaharianos.

Del apoyo a la familia, aunque extremadamente parco a la vez en medidas concretas, en 1978, con la UCD, se pasó, según explica el catedrático de Derecho Fiscal de la Universidad de Salamanca, don Eusebio González, a una situación de ataque flagrante. Los cónyuges debían presentar la declaración conjunta, lo que, en un sistema de progresividad fiscal (a mayor renta, mayor es el porcentaje o tipo que se aplica), es sinónimo de tener que pagar muchos más impuestos. En otras palabras, dice el profesor González: una invitación al rejuntamiento. La declaración de inconstitucionalidad, once años después, inauguró una nueva etapa de no perjudicar demasiado a la familia. Sólo con la nueva ley, de 1998, hemos comenzado finalmente a andar un camino de trato de justicia. Pero matiza: las mejoras son pequeñas, muy lejos todavía del mandato constitucional de protección a la familia.

La principal novedad del nuevo IRPF consiste en trasladar las deducciones de la cuota a la base. Esto es, no contempla sin más lo que una persona gana, sino la cantidad de la que una persona dispone: No es lo mismo un millón de pesetas para una persona que vive sola que para otra que debe mantener a ocho personas, y esto, 130 años después que en Alemania, 110 años después que en el Reino Unido, es lo que por fin ha empezado a entender el legislador español, explica el profesor González.

Y si los padres de familias numerosas pagan hoy más que nadie, no es mejor la suerte que les espera a sus hijos, que, dentro de unos años, mantendrán a todos los que hoy no los han tenido y hoy no sufren por tanto esa pérdida adquisitiva. Por eso, dice el señor Losana, no se trata de pedir un trato de favor, sino de elemental justicia: ¡Basta ya de absurdos complejos.

Ricardo Benjumea