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Un muro de rechazo contra ETA
Ante el recrudecimiento de la violencia asesina de ETA, se ha producido una unánime y tajante condena, inequívoca, por parte de los obispos de las diócesis vascas y también del arzobispo de Pamplona-Tudela. Recogemos lo esencial de sus manifestaciones públicas
 Ante los recientes atentados de ETA, no puedo menos de volver a expresar de la manera más clara y directa la condena moral de estos actos criminales. Como consecuencia de tales actuaciones terroristas, la familia de José María Martín Carpena llora irremediablemente la muerte de un ser querido, asesinado de forma absurda y cruel. Esta misma tarde, en la cercana ciudad de Ágreda, otras muchas familias han estado a punto de sufrir también graves desgracias.
Una vez más es preciso animar a todos los ciudadanos de buena voluntad a rechazar firmemente las prácticas terroristas como medio de imponer las pretensiones políticas de una minoría. El buen sentido moral de la mayoría de los ciudadanos tiene que levantar un muro de rechazo ante estas prácticas asesinas, hasta que los terroristas se convenzan de que tales procedimientos no sirven para conseguir ni construir nada, sino más bien deshonran y corrompen cualquier causa que se quiera apoyar en ellos. La rectitud moral de los servidores de la vida pública y su grave obligación de procurar ente todo el bien común de los ciudadanos, les tienen que llevar a rechazar cualquier sombra de condescendencia o colaboración con quienes utilizan o apoyan de cualquier manera estos procedimientos criminales como medio de acción política. +Fernando Sebastián Aguilar
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UN GRAVE OBSTACULO A LA PAZ
El verano de 2000 se abre, lamentablemente, con una nueva oleada de violencia de ETA. Su persistente amenaza, por la vía de la intimidación y del terror, pretende impulsar en una dirección determinada el futuro político y social de este pueblo. No nos cansaremos jamás de condenar con nítida firmeza estos ataques intolerables a la vida, a la libertad de las personas, a la democracia y a la paz. En sintonía con hechos de tanta gravedad y con una periodicidad casi previsible, se repiten en nuestras calles preocupantes episodios violentos que producen una desmoralización social y reclaman una reflexión que no se reduzca a mera repulsa moral. Las agresiones se centran muy particulamente sobre extensos y definidos grupos de ciudadanos que profesan unas opciones políticas muy diferentes a las de sus agresores. Inducen en las víctimas reales o potenciales vivos sentimientos de inseguridad, indefensión y temor que recortan notablemente su libertad de movimientos. Provocan reacciones de indignación y crispación social y enrarecen de este modo sensiblemente nuestra convivencia cívica. No podemos dejar de reprobar, por muchas razones humanas y cristianas, estas oleadas de violencia callejera que vulneran derechos humanos medulares, como la integridad y seguridad física y psicológica de las personas, el respeto a sus bienes materiales, y la libertad para expresar y defender sus propias opciones. Ninguna causa, ninguna reinvindicación, ninguna aspiración, por fundada y legítima que pueda ser, justifica estos atentados a la seguridad y a la libertad. Sean cual fueren sus motivaciones explícitas, este fenómeno revela, junto a otros factores, una actitud moral y socialmente rechazable: la intolerancia, que, en nuestro caso, se manifiesta en una severa incapacidad para digerir la disidencia política. La persistencia de la kale borroka produce en los mismos que la practican (muy mayoritariamente adolescentes y jóvenes) un efecto pernicioso: la cultura de la violencia va impregnando capas de su persona y puede acabar convirtiéndose en un estilo violento de vivir que afecta a otras muchas áreas de su conducta. Rebaja nuestra preocupación el hecho de saber que, a pesar de la frecuencia de las acciones, el porcentaje de nuestra juventud activa y directamente implicada en ellas es muy reducido, pero nos apena que estos jóvenes puedan arruinar o comprometer su futuro interiorizando en el presente pautas de conducta moralmente reprobables y socialmente perjudiciales. Nadie puede impedir a nadie, en una sociedad democrática, la defensa de legítimas posiciones políticas o de causas humanitarias. Pero la misma sociedad tiene el derecho y el deber de exigir a todos, en esta defensa, la renuncia a los métodos violentos. Todos tenemos el deber moral de adoptar posiciones netas ante este fenómeno perturbador. Las personas y grupos hoy amenazados deben sentir no sólo la cercanía privada sino el apoyo público de sus autoridades y de sus conciudadanos. Sensible por inspiración evangélica a todo verdadero sufrimiento humano, la comunidad cristiana tiene que aproximarse también a este grupo de sufrientes, ofrecerles su apoyo moral y reclamar el respeto de sus derechos humanos. +Juan María Uriarte |