Recoge el diario El Mundo que dos matrimonios españoles fueron detenidos en Colombia cuando uno de ellos gestionaba el pasaporte de un bebé para sacarlo del país. Por contraste, en ese periódico y en el mismo día dedican una página a informar de dos medicamentos (?) abortivos. Algo chirría en la vida social. Por una parte, unos matrimonios que desean y buscan ansiosamente adoptar niños. Por otra, unas madres gestantes que no los desean y buscan despiadadamente eliminarlos. Pienso que es preciso buscar soluciones éticas a esta inquietante paradoja. Existen asociaciones que tratan de hacerlo ayudando a las mujeres embarazadas, facilitando la adopción, etc., pero su alcance es muy limitado. Como estamos ante un problema común a muchos ciudadanos, opino que un Gobierno responsable debería tomar cartas en el asunto.

Tanto los numerosos padres adoptantes como los nascituri estarían, señorías, enormemente agradecidos a esta legislatura que comienza.

Rafael Campoamor. Elche

El hombre y la mujer que trabajan en el sector público tienen que estar convencidos de que a ellos obliga con mayor exigencia el cumplimiento de la normatividad ética, por razón de su cargo.

El gobernante probo encamina su gestión a lograr que todo su equipo de trabajo tenga la transparencia, el afán de servicio, la entrega que demanda toda labor en función de lo común. No puede dejar al azar o a la sola interpretación de las personas la línea de conducta esperada durante el ejercicio de su mandato.

Desde ya, quienes se preparan a ofrecer su nombre a consideración de sus conciudadanos electores tienen que delinear, a manera de cuerpo de deberes, las actitudes o comportamientos que esperarán de quienes les acompañarán en su gestión. Ese cuerpo de deberes hará énfasis en aquellos valores y principios básicos que el administrador considera prioritarios para el éxito de su trabajo por el bien común. Cifrará su mayor empeño ya en la probidad, ya en la prudencia, ya en la justicia, ya en la templanza, ya en la idoneidad, ya en la responsabilidad, pero desde ellas buscará un gran respeto a los derechos humanos, un especial trato a las minorías, una mayor conciencia ecológica y, sobre todo, un gran respeto a la dignidad humana, como lo escribiera el ministro español de Administraciones Públicas Mariano Rajoy Brey. En el funcionario público es en quien la comunidad delega la administración de su bien, por lo que el aspirante a orientar el talento humano del Estado y sus empresas debe mostrar, en su plan programático, su intención de servir y servir con honestidad. ¡Y cumplirlo!

Hernán Saldarriaga. Colombia

La actuación del Defensor del Menor en la promoción de un Folleto sobre orientación sexual para adolescentes pone sobre el tapete un asunto de mucho más calado. ¿De quién es responsabilidad la educación de los niños y adolescentes? ¿Tenemos los padres derecho a educar a nuestros hijos según nuestros criterios? ¿Es competencia del Estado fomentar campañas en las que se marcan directrices morales a nuestros hijos?

Lo ocurrido en España en los últimos años es de una gravedad preocupante. Los Gobiernos, sean del signo que sean, se dedican a impartir a nuestros hijos consignas y a inculcarles principios de tipo moral , cuanto menos opinables, sin que los padres hayamos intervenido en ello para nada. Desde las campañas de fomento de la promiscuidad por medio del póntelo, pónselo del PSOE hasta las más burdas si cabe del PP: Si te lías que no te líen, con el dinero de los padres los gobernantes se dedican a instruir a nuestros hijos en lo que deben o no hacer, en lo que está bien y lo que está mal.

El Folleto de orientación sexual escrito por un colectivo de homosexuales y lesbianas se dirige directamente a nuestros hijos, y entre otras lindezas se les indica que la familia no suele ser el mejor lugar para aclarar sus dudas. La familia es el sitio ideal para formar a los jóvenes, es el sitio ideal para formarles con cariño y total entrega y altruismo, y las familias necesitamos ayuda para estar al día y poder educar a nuestros hijos. Las familias debemos exigir al Defensor del Menor y a quien lo nombró, la Asamblea de la Comunidad de Madrid (con mayoría absoluta del PP), que cuando quiera dirigirse a nuestros hijos lo haga a través de sus padres.

Desde estas líneas lanzo una propuesta a la nueva mayoría absoluta del señor Aznar, al señor Ruiz Gallardón, al señor Pedroche y a don Javier Urra: inviertan nuestro dinero en dar formación a los padres, de la misma manera que se invierte tanto dinero en formación profesional, inviértanlo en cursos para formar padres preparados. Dar formación a los padres de familia para tener éxito como educadores es una inversión de futuro y de prevención de muchos problemas. Al fin y al cabo ser padres puede ser una profesión apasionante.

Aníbal Cuevas. Madrid

Toda sociedad democrática moderna debe caracterizarse por la soberanía popular efectiva (todos decidimos lo que a todos afecta) y por la existencia de una serie de derechos inalienables (Estado de Derecho). Los atenienses ilustrados definían su democracia no como un sistema de soberanía popular, sino como una polis donde gozaban de isegoría (igualdad para hablar) e isonomía (igualdad de derechos). La soberanía de los ciudadanos era consecuencia de esta igualdad de derechos mínimos, no a la inversa.

Hoy, con el aborto, las sociedades democráticas ejercen su poder tiránicamente anulando el derecho esencial, mínimo e inalienable —¡a la vida!— de sus individuos más indefensos, débiles y sin voto. Con la píldora abortiva RU-486 llevamos el asesinato legal a su mayor refinamiento. A partir de ahora se va a poder abortar tomando una simple pastilla, al igual que nos quitamos una dolor de cabeza con una aspirina. Hemos llamado a la muerte, y se ha quedado a vivir en nuestra sociedad. Nuestro grito es a favor de la vida; y pedimos que no se enmascare a la muerte en alas de la libertad (nos hemos acostumbrado a llamar libertad al libertinaje). Que se ofrezca toda la información de la píldora abortiva RU-486, que se muestre que no es la solución, y sobre todo que la ley, la sociedad y la democracia nunca pueden justificar la muerte de una vida.

Joaquín Gallegos Tejeda; José Antonio Rodríguez Nieto; Ángel Alonso Muñoz Pérez; Rodrigo Martín González
Estudiantes de Ciencias Políticas
de la Universidad Complutense