La Generalitat Valenciana ha presentado una propuesta de ley sobre parejas de hecho. No es la primera comunidad autónoma que dicta una ley al respecto, pero sí es la primera en la que el Partido Popular proyectaba —en su texto— igualar las parejas de hecho al matrimonio, estableciendo para ambos los mismos derechos y obligaciones. En el último momento, para evitar enfrentamientos con la Iglesia —decía alguna prensa— fueron eliminadas las frases que hacían referencia al matrimonio, pretendiendo obviar cualquier comparación.

A pesar de esas modificaciones in extremis, el espíritu de la ley que se intenta aprobar no ha cambiado. Con ella —dice el preámbulo— se pretende ajustar el Derecho a las nuevas realidades sociales. O, como dijo el President de la Generalitat: No mirar hacia otro lado, cuando existe una cuestión pendiente en la sociedad. Se trata, en definitiva, de elevar a rango jurídico lo que de hecho se da en el mundo que nos rodea.

No quiero detenerme a ejemplificar la multitud de cosas —no precisamente positivas— que se dan en la sociedad, y que sería un despropósito sancionar jurídicamente. En estas líneas deseo referirme sólo a ese mirar que citaba el Presidente.

Por supuesto que es necesario mirar a la sociedad y al mundo que nos rodea. No se trata de no mirar. Se trata de aprender a mirar, es decir, acompañar la mirada con el discernimiento. De mirar con la suficiente profundidad para detectar, entre aquella multitud de cosas, dónde está el bien social y el bien de la persona humana. Sin dejarse nublar la mirada, por ejemplo, por grupos de presión minoritarios, que simplemente gritan con más fuerza que la inmensa mayoría social, fecunda, ordinaria, constructiva y habitualmente silenciosa.

Yo diría al Molt Honorable President y a todos los que nos gobiernan: no mire hacia otro lado; mire hacia su electorado, a la mayoría abrumadora de quienes le votan. ¿No comprende que, por ganarse la simpatía de unos cuántos, puede deformar la realidad social más amplia y básica del país? Mire también hacia el programa electoral de su partido; el que le hizo ganar las últimas elecciones. ¿Dónde aparece la iniciativa que ahora propugna?

El mundo ciertamente es complejo, y gobernar no es fácil. Pero si, a esa natural complejidad, se añade un Gobierno con poco criterio, que se deja llevar por las veleidades de la sociedad o de los individuos, el resultado es la situación lamentable a la que están llegando bastantes sectores sociales. Considere que lo que se pide a un político no es contentar a todos, sino fomentar el bien común y el desarrollo integral de la persona. La ley que se persigue dista mucho de ser ejemplar en esto. No tanto por la cuantificación de sus efectos que, ya digo, son minoritarios; sino en sí misma: por la desestructuración jurídica y social que promueve; porque complica aún más la complejidad del mundo y hace perder el norte de lo que es una vida humana constructiva y normal.

En el contexto de esa ley, por ejemplo, ¿cómo educar a los jóvenes para un amor noble y bello, que les ayude a ser felices a la vez que construyen positivamente la sociedad del mañana? Si cualquier planteamiento sexual es equivalente, ¿cómo distinguir entre lo que contribuye a la plenitud de la persona y lo que le aparta de ello? Si la libertad es lo primero, y casi lo único, a tener en cuenta, ¿por qué condenar la poligamia, el robo o el terrorismo? ¿Simplemente porque así está legislado?… Bastaría una ley opuesta para justificar lo injustificable.

No, señor President y señores políticos, por mucho que algunos lo pretendan, la sociedad y la vida del hombre no se construyen sobre la pura libertad o el capricho. Aquellas afirmaciones de Sartre están hoy obsoletas. La libertad humana está al servicio de la persona y del bien común; nunca al revés. Una libertad desorientada, que no esté guiada por la verdad, no es libertad, porque no conduce a ninguna parte. Individualmente, una persona puede empeñarse en una dirección errónea y, mientras no atente contra los derechos ajenos, habrá que tolerar sus decisiones; pero sin pretender para ellas un reconocimiento jurídico e institucional.

Costó siglos construir un patrimonio cultural y jurídico que diera firmeza y realce a la institución más básica de la sociedad: la familia fundamentada en el matrimonio. La inmensa mayoría social, amparada en esta institución y protegida por la ley, es la que garantiza la estabilidad política y el crecimiento de un país. ¿No les parece que la ley que se pretende aprobar socava —desde el mismo poder legislador— esa estabilidad y aquella protección? Tal como yo lo veo, el camino emprendido no conduce a ningún resultado positivo para el conjunto de la sociedad.

Y conste, repito, que respeto absolutamente la libertad y los derechos individuales; pero sin confundirlos con los derechos institucionales de algo tan esencial para la sociedad como la familia. Es deber del legislador mirar con agudeza la realidad, como he dicho, para no homogeneizar lo que es diferente; aunque presente apariencia de similitud. Hay muchas razones que hacen del matrimonio y la familia algo absolutamente distinto de cualquier convivencia afectiva homosexual y que, por tanto, impiden toda analogía y todo paralelismo. En síntesis podría señalar: la diferenciación natural entre varón y mujer, que no está en nuestras manos cambiar; la complementariedad sexual, fruto de esa diferenciación, que hace las uniones heterosexuales acordes con la naturaleza humana y no las otras; la fecundidad de esas uniones en nuevas vidas, que dan continuidad a la especie humana; etc.

En resumen, trato de decir —al President y a todos— que la finalidad de cualquier legislación no es ajustarse a la realidad existente, sino promover una realidad que se adecue al ideal de una sociedad lo mejor posible. Y ésta es la que reconoce y defiende la dignidad de la persona humana tal como ha sido creada por Dios; y, para ello, regula y privilegia las instituciones naturales fundamentales como la familia matrimonial. Ruego a Dios para que todos sepamos hacerlo así.

+ Juan Antonio Reig Plá