Más de veinte años después de la firma de los Acuerdos entre la Santa Sede y elEstado español, se ha comprobado su fecundidad, durante el simposio, organizado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, que preside el arzobispo de Tarragona, monseñor Martínez Sistach. En él participaron varios obispos españoles, catedráticos y profesores de Universidad, así como expertos del Gobierno, del mundo de la Judicatura y del Derecho Canónico.

No han faltado estos días ponencias y debates acerca del estudio de los Acuerdos en las sentencias de los Tribunales españoles, la repercusión de los Acuerdos a nivel autonómico, la misión asistencial de la Iglesia, la problemática de asociaciones y fundaciones, la enseñanza de la Religión católica en los centros públicos, o en los medios de comunicación social, y sobre el patrimonio artístico y cultural de la Iglesia que, como afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, constituye una parte importantísima de nuestro acervo cultural de siglos.

Después de dos decenios, contamos con un gran instrumento jurídico que tiene una gran vocación de perduración, comentó el Presidente de laConferencia Episcopal, cardenal Rouco Varela. Calificó el trabajo de estos años de fecundos, como lo deberá ser en los próximos años, hizo referencia a uno de los problemas que más preocupa a la Iglesia: el de la enseñanza de la Religión en el sistema escolar. El cardenal arzobispo de Madrid expresó su deseo de que esta enseñanza pueda encontrar, dentro del marco de estos Acuerdos, su buena y debida solución; así como que este simposio sirva para avanzar en este camino.

El cardenal arzobispo de Madrid agradeció la presencia del ministro de Asuntos Exteriores en el simposio y su concisa visión de la problemática y de la realidad existente en esta relaciones. El titular de la cartera de Asuntos Exteriores dijo esperar con gran interés las conclusiones de este simposio, que serán muy útiles para seguir en este clima de entendimiento, de concordia, y de mejora de las relaciones entre la SantaSede y elGobierno español. Relación ésta —afirmó— que va a seguir presidida por el espíritu de diálogo y concordia que animó los Acuerdos de finales de los años setenta.

APLICACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS

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Con la firma del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, el 28 de julio de 1976, se dejaba atrás el Concordato de 1953. Los cambios experimentados en la década de los setenta imponían una necesidad de una actualización y revisión a fondo del marco legal, en el que hasta entonces se habían basado nuestras relaciones, afirmó el ministro Piqué. La Iglesia católica, a partir del Vaticano II —continuó—, establece una serie de principios que suponen una nueva fase. Entre ellos, el principio rector de las relaciones entre la comunidad política y la religiosa: el de la mutua independencia. También el Concilio toca algo muy importante —dijo—, al proclamar el derecho de las personas a la libertad religiosa, que debe ser reconocido en los diferentes ordenamientos jurídicos civiles.

En el origen de los actuales Acuerdos hay una coincidencia de principio entre ambas partes: la libertad religiosa entendida como un derecho básico del ser humano, del que dimana el fundamento de la independencia de actuación de la Iglesia y de la sociedad política, afirmó el ministro. Principio éste —añadió— que va acompañado del deseo de cultivar y preservar esta relación, con un espíritu de colaboración sana, esa sana colaboración ha exisitido a lo largo de los últimos veinte años, y así lo seguirá siendo. Los dos principios citados son plenamente compatibles con lo que nuestra Constitución establece respecto a la aconfesionalidad del Estado y a la cooperación con la Iglesia católica, en consideración a lo que son las creencias religiosas mayoritarias de nuestros conciudadanos en nuestra sociedad, comentó Piqué.

Tras los cuatro Acuerdos de 1979, toda la transformación se ha ido realizando de una forma gradual, consensuada y con respeto mutuo. Por ejemplo, en el campo jurídico, el Estado español reconoce a la Iglesia el derecho a ejercer su magisterio espiritual con total libertad. Le reconoce así la plena capacidad civil para obrar y organizarse libremente según mejor convenga a sus intereses, y a su alta misión apostólica, afirmó.

En el campo económico, el ministro informó de cómo se ha puesto en marcha un sistema consensuado y transitorio que asegure recursos similares a los que se venían percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor de los Acuerdos. Debido a que la cifra de contribuyentes va a comenzar a disminuir, una de las soluciones sería aumentar durante los próximos tres años, en al menos dos décimas, el porcentaje, que se asigna en la renta, al sostenimiento económico de la Iglesia, según expertos. Otro de los posibles cambios —que al parecer elMinisterio de Hacienda modificaría en la próxima declaración de la renta— sería la separación, tanto técnica como física, de la hasta ahora misma casilla de la asignación tributaria para la Iglesia católica y otros fines sociales, que aparecerían ya separadas.

Los últimos cuatro Acuerdos fueron firmados en 1979, un año después de nuestra Constitución, pero antes de la entrada en vigor de los primeros Estatutos de Autonomía. Lo que denominamos elEstado de las Autonomías ha configurado una realidad jurídico-política muy distinta a la anterior, y creo que eso también se tiene que reflejar en la manera de desarrollar la aplicación de los Acuerdos, afirmó el ministron de Asuntos Exteriores. El simposio dejo en evidencia cómo, en ocasiones, las Comunidades Autónomas no tienen en consideración, en sus ordenamientos jurídicos, estos Acuerdos establecidos, o ni los respetan.