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La situación en el País Vasco se resume en el miedo. El de unos, por ser tenidos de españolistas y por eso odiados a muerte; y el de la otra parte nacionalista radica en que, si no siguen el juego etarra, correrán la misma suerte que los españolistas; su valor consiste en no convertirse en objetivo de ETA.El juez vasco vive en ese ambiente, en él tiene que ser garantía de derechos y libertades. Es obvio que el balance de esa función es negativo desde el momento en que la mayoría de la población está amedrentada. El juez en el País Vasco es también objeto de presión, pues la Justicia participa del objetivo independentista; pero habría que diferenciar dos aspectos: el de la lucha contra la violencia y el de la Justicia como materia apropiable. La existencia de la Audiencia Nacional impide que la persecución del crimen político sea competencia de jueces y fiscales destinados en el País Vasco. La reciente decisión de llevar a la Audiencia los delitos de terrorismo callejero y los cometidos por menores proetarras es otra medida de sentido común. El PNV no ha dejado de luchar por la desaparición de la Audiencia Nacional. De no existir ese órgano, sería fácil vaticinar qué estaría ocurriendo: si los ojos y las manos del juez es la Policía, y la Ertzantza tiene una clara dependencia política, se perseguiría lo que desde la sede del PNV se determinase oportuno, y esto sin olvidar el ambiente de presión en que vivirían los jueces. Sólo recordando la suerte de algunos jueces antimafia en Italia puede hacerse idea de cuál sería el panorama. |
| El problema más serio viene por el otro lado. El deseo de crear una Justicia vasca, un Poder Judicial vasco, nunca se ha ocultado; ya en su día Arzallus aconsejó a los jueces no dispuestos a euskaldunizarse que tendrían que irse del País Vasco. Para un partido el PNV que controla todo, desde una sociedad gastronómica, hasta el Gobierno, pasando por Ayuntamientos, medios de comunicación, sociedades públicas, Universidades, etc., para un Partido que es un entramado de intereses creados, no es admisible que haya un reducto la Judicatura sin controlar.
El nacionalismo siempre ha querido nombrar a sus jueces, de ahí que sea parte de su estrategia la creación de un Consejo General del Poder Judicial propio al que le correspondería la selección de jueces y su gobierno. Como la Constitución lo impide, ese deseo va tirando cubriendo las numerosas vacantes de jueces con jueces y magistrados suplentes del lugar o, sencillamente, señalando a los desafectos, y para esto un instrumento idóneo es, fundamentalmente, el idioma. Algo deseable, que debería hacerse atractivo y estimulante que el juez conozca el idioma cooficial del lugar donde trabaja, se ha convertido en un instrumento excluyente. El uso del vascuence en actos judiciales es lícito, dando siempre la posibilidad de traducción; ahora bien, la acción de los abogados abertzales boicoteando la celebración de actos judiciales al impedir la traducción está dando lugar, intencionadamente, al señalamiento de jueces desafectos. Cualquier pretexto es bueno para ir contra el juez que resuelva algo contrario a los intereses políticos nacionalistas. Si se dicta una sentencia desfavorable a la Hacienda vasca, el Diputado General de Guipúzcoa, o en el Aberri Eguna de turno, se le mete en el saco de seguir los criterios de Madrid por atentar contra el Concierto vasco; si se condena a los miembros de la Mesa de HB, la Judicatura es señalada por el Consejero de Interior como contraria al nacionalismo, etc. El juez sabe que siempre hay una parte no contenta con sus decisiones. Pero si en el País Vasco esa parte airea toda sentencia contraria a sus intereses político como la decisión de un juez españolista o antivasco, el juez sabe que probablemente no esté siendo objeto de una crítica más, sino de un señalamiento. José Luis Requero Portavoz |