Emigrar es ley de vida para muchos seres humanos, como recordaba el Santo Padre en su Mensaje para la Jornada del Emigrante de este año 2000. Una nueva tierra que les pueda ofrecer pan, dignidad y paz es lo que lleva a millones de personas —decía Juan Pablo II— a abandonar su casa, bien porque en muchas regiones del mundo se viven hoy situaciones de dramática inestabilidad e inseguridad, o porque, en el marco de un liberalismo sin controles adecuados, se ahonda en el mundo la brecha entre países "emergentes" y países "perdedores". Los primeros disponen de capitales y tecnologías que les permiten gozar a su antojo de los recursos del planeta, pero no siempre actúan con espíritu de solidaridad y participación. Los segundos, en cambio, no tienen fácil acceso a los recursos necesarios para un desarrollo humano adecuado; más aún, a veces incluso les faltan los medios de subsistencia; agobiados por las deudas y desgarrados por divisiones internas, a menudo acaban por dilapidar sus pocas riquezas en la guerra.

Pero la huida no es fácil. Se deja mucho atrás y, a menudo, sólo para encontrar las puertas cerradas o caer en las garras de las mafias. Decía el Papa: Los Estados que disponen de una relativa abundancia tienden a proteger más rígidamente sus fronteras, bajo la presión de una opinión pública molesta por los inconvenientes que conlleva el fenómeno de la inmigración. La sociedad se ve forzada a afrontar la cuestión de los "clandestinos", hombres y mujeres en situación irregular, privados de derechos en un país que se niega a acogerlos, y víctimas de la criminalidad organizada o de empresarios sin escrúpulos.

En España, la inmigración se ha convertido, como antes en otros países, en un asunto que despierta no pocas pasiones y polémicas. En el centro, la reforma de la nueva Ley de Extranjería, que, tras sólo medio año de vida, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y que ahora debe debatir el Parlamento. Los obispos no han querido pasar el tema por alto. Piden que un tema de tanto calado como es la situación humana de los trabajadores inmigrantes y las repercusiones que su integración o exclusión puedan tener en nuestra sociedad no se conviertan en arma de confrontación política, y que las fuerzas políticas sean capaces de consensuar una ley realmente integradora y respetuosa de los derechos de las personas inmigrantes.

A la comunidad cristiana, a las parroquias y a los demás grupos eclesiales, les recuerdan que el Santo Padre, en el mensaje del año pasado, nos decía que la catolicidad no se manifiesta solamente en la comunión fraterna de los bautizados, sino también en la hospitalidad brindada al extranjero, cualquiera que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de toda exclusión o discriminación racial, y en el reconocimiento de la dignidad personal de cada uno, con el consiguiente compromiso de promover sus derechos inalienables. Y a la sociedad en general, le piden generosidad. Entre otras cosas, porque si vivimos un momento dulce en el desarrollo económico de nuestro país, es también en parte gracias a la laboriosidad de muchos extranjeros que viven entre nosotros y que colaboran, codo con codo, en la construcción de una nueva sociedad. Se necesitan trabajadores extranjeros —advierten—, y se van a necesitar aún más. Pero mal planteamiento sería el que mirara sólo por lo económico: Estaríamos traicionando lo más sagrado de la persona, si sólo quisiéramos manos de obra, olvidando que los que vienen a trabajar con nosotros son personas, con todos sus derechos. Por eso el camino es siempre la acogida.