Ley de Parejas de Hecho
Via crucis legislativo

J. F. Serrano Oceja pserrano@planalfa.es En este particular via crucis legislativo del matrimonio y la famila, en nuestros días y en nuestros predios, la primera estación nos recuerda lo que escribió el psicólogo francés Daniel Lagache: La unión libre es tú y yo; el matrimonio es nosotros. La ley de las parejas de hecho aprobada por las Cortes valencianas es la consagración del yo al cuadrado, a la hipotenusa de la hipocresía social en la que una minoría impone un marco normativo. Según los datos que ofrece la revista sacerdotal Palabra, en su útimo número, la geografía de la legislación sobre parejas de hecho es la siguiente: Valencia y Madrid son las más recientes en incorporarse a la carrera, en la que también han anunciado su próxima participación Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias, Canarias, País Vasco y Andalucía. Por su parte, Aragón, Cataluña y Navarra ya tienen leyes propias. Este "gota a gota" legislativo —expresión de una diputada de IU— tiende a magnificar la entidad real del problema y resulta demoledor para el matrimonio y la sociedad. Si continuamos en la pendiente jurídica, la Agencia de noticias AVAN, del arzobispado de Valencia, emitía el pasado día 29 de marzo un comunicado en el que se señalaba que la Asociación Valenciana de Juristas Católicos estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Uniones de Hecho aprobada ayer por el pleno de las Cortes Valencianas (...) El Vicepresidente de la Asociación Valenciana de Juristas Católicos, Guzmán Guía, ex decano del Colegio de Abogados de Valencia, considera que la ley "vulnera la Constitución, al invadir una competencia reservada en exclusiva al Estado, que es el único que puede legislar sobre las formas del matrimonio", según declaraciones que publica, en el número del próximo domingo, el semanario diocesano "Paraula-Iglesia" en Valencia. En el Código Civil se establecen unos requisitos, "sin los cuales no hay matrimonio ni lógicamente efectos matrimoniales", asegura Guía. Por este motivo, "equiparar las parejas de hecho al matrimonio, como se hace en la práctica en el texto legal aprobado por las Cortes Valencianas, supone un fraude a la ley prohibido por el ordenamiento, pues sin cumplir las exigencias establecidas también por el Código Civil para contraer matrimonio se les otorgan los mismos derechos".

En la edición de ABC del pasado domingo se recogían unas declaraciones del arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García Gasco, en las que se lamentaba de que no haya habido ninguna voz de políticos que reflejara los posibles peligros con respecto a la familia. "Ante este vacío de representatividad —añadió—, han tenido que ser las propias asociaciones y movimientos familiares las que, alarmadas, hayan hecho oír su voz". En declaraciones a la agencia AVAN, el prelado señaló que "no es admisible esa separación tan radical entre fe y política de la que algunos han dado muestra y, mucho menos, presentarse como católico y enfrentarse o ridiculizar la doctrina de la Iglesia". Ya que parece ser que hay un vacío político, que más que vacío político comienza a ser un agujero negro, respecto al bien común en esta materia del matrimonio y de la familia, podemos recordar lo que la citada Plataforma de movimientos familiares señalaba, en su manifiesto del pasado 27 de febrero, en el último punto: Queremos hacer llegar a nuestros representantes políticos que aprobar una ley de uniones de hecho, y discriminar de ese modo a las familias, es un gravísimo atentado contra el bien común de nuestra Comunidad Valenciana del que tomaríamos nota para nuestra propia intención de voto. No es una mera anécdota legislativa. Es un indicador fehaciente sobre el modelo de sociedad en el que queremos vivir. No queremos para nuestros hijos una sociedad individualista. Queremos una sociedad solidaria, comprometida y feliz. Ése es el modelo de sociedad que se construye desde la cultura matrimonial, y desde otros nobles esfuerzos que ponen la dignidad y el bien del ser humano como centro de su actuar. Última estación, a modo de epílogo. Eulogio López, en su diario digital Hispanidad: Por lo que respecta a las parejas de hecho, continúa siendo una contradicción "in terminis". Lo que pretende esa pareja es evitar, no ya el compromiso del matrimonio indisoluble, sino el menor grado de compromiso del matrimonio civil. La pareja de hecho es un "por si acaso", que debería repudiar la "burocracia del matrimonio", sea civil o eclesiástico. Si no quieren casarse, que no lo hagan: nombren sucesor a su cónyuge y reconozcan a sus hijos en el Registro Civil. Lo absurdo es que una pareja de hecho exija un reconocimiento de derecho. Es lo mismo que un diputado católico del Partido Popular: una contradicción "in terminis".