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Dios nos anima a ejercer la virtud de la justicia: reconocer a cada uno lo suyo, lo que le pertenece y lo que se había ganado. El Estado sin justicia se parece a una banda de ladrones, donde gobierna la ley de la violencia y de la fuerza y no la ley de la justicia, como dice sanAgustín. El Estado que no se basa en la justicia, no merece tal nombre.
Todo lo que poseemos o lo que con el esfuerzo hemos conseguido para nosotros, tiene siempre también su función social y comunitaria. El baremo para medir la justicia en la sociedad es el bien común.Esta situación la asegura elEstado cuando consigue un ordenamiento jurídico justo y eficaz, el orden público, la paz y la colaboración de todos, para la igualdad de derechos de todos, y para unas condiciones saneadas económicas, educativas, culturales, morales y espirituales. Por eso, elEstado tiene el derecho y el deber de proteger, con adecuada política impositiva y con otros medios a su disposición, sobre todo a aquellos que, sin culpa propia, estén en peores condiciones que los demás: los jóvenes de estratos menos favorecidos, parados, inválidos y familias jóvenes y numerosas. Este Estado social, que trata de aminorar las diferencias sociales, está amenazado, sobre todo, por la despiadada competitividad, que es en nuestro país más desconsiderada y brutal que en los países más desarrollados y con más tradición democrática. Entre las víctimas de esta lucha desaprensiva por las ganancias, están en primer lugar los parados, que han sido arrojados a la calle debido a las privatizaciones salvajes.Son víctimas las mujeres que, por el mismo trabajo, no reciben el mismo jornal que los hombres, por el temor de perder su puesto aun mal pagado. Los trabajadores y trabajadoras se contentan con remuneraciones claramente injustas. Nada va a cambiar en nuestro entorno sin personas templadas, honradas y valerosas que estén dispuestas a nadar contra la corriente porque confían en la supremacía de la verdad y de la justicia. De la Carta pastoral |