La Generalidad Valenciana, con mayoría del Partido Popular, da curso legal a la unión de parejas homosexuales. La Iglesia denuncia ese grave error que legaliza una evidente inmoralidad, gravemente perjudicial para la persona y la sociedad. Si los obispos hubiesen callado no faltarían los preguntones: ¿Cómo la Iglesia no habla? Como ha hablado, no faltan los viejos anticlericales que no se han enterado de qué va el tema.

Valga para todos el artículo de Javier Pradera en El País (4 de abril de 2001). Citas solemnes al canto: La formidable escandalera eclesiástica contra el reconocimiento administrativo de las parejas homosexuales muestra la extremada vulnerabilidad de los principios constitucionales, cuando andan en juego la moral y las costumbres, pastoreadas en exclusiva durante largo tiempo por la Iglesia (…) Pero las dimensiones más inquietantes de la tremolina organizada en torno a la ley valenciana son las pretensiones de negar derechos a una minoría en nombre de los valores de la mayoría, y la irrupción en el escenario parlamentario de las autoridades eclesiásticas con el propósito de imponer coactivamente a la sociedad entera, a través del Estado, unos mandatos morales cuyo cumplimiento sólo obliga a los creyentes en la religión católica.

La verdad es que yo no sabía que hubiera habido una formidable escandalera eclesiástica, ni que hubiese habido una irrupción de las autoridades eclesiásticas en el escenario parlamentario. Sí sabía que los obispos, puesto que en democracia hay libertad de expresión, alzan su voz ahora y en otras ocasiones, denunciando la inmoralidad de las leyes o costumbres que van contra la naturaleza de la persona. La Iglesia tiene por misión salvar a la persona en esta vida y en la otra. Alza su voz cuando se intenta desnaturalizar o pervertir a la persona.

Pero de lo que no llegan a enterarse los anticlericales es de que los obispos no pretenden imponer coactivamente a la sociedad entera unos mandatos. Denuncian la inmoralidad de la homosexualidad, o del aborto, o de los anticonceptivos, o de la eutanasia activa, o del terrorismo, no en nombre de la religión católica, sino en nombre de la Ley natural que manda a todo hombre que viene a este mundo que viva como persona. Ir a Misa los domingos, o ayunar el Viernes Santo, eso sólo obliga a los católicos. Son leyes positivas de la Iglesia. Pero honrar padre y madre, no matar, no fornicar, no robar, no adulterar, no mentir, etc., eso obliga a todas las personas a las que, por serlo, Dios les manda vivir como personas.

Matar, robar, adulterar, fornicar, mentir, no es un derecho; es la violación de la Ley de Dios válida para todas las personas, es decir, es un pecado contra la Naturaleza. Y el que no ve que la homosexualidad es contra la naturaleza de la persona y contra la sociedad —salvado el respeto que merecen los que padecen esa enfermedad— es que está ciego, acaso voluntariamente ciego, porque es algo tan evidente que cualquier persona libre de prejuicios, y con sentido común, lo ve. Hay cosas que no es necesario demostrarlas, se ven. En la necrópolis de Tarquinia (aproximadamente siglos VI-V antes de Cristo) ya hay pinturas muy elocuentes en que se condena la homosexualidad.

Que en Holanda legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo, sólo indica a qué punto de retrodegradación intelectual y física se puede llegar, cuando no se oye la voz de Dios. En los problemas humanos, la razón dejada a sí misma, no raras veces, acaba en lo irracional.

Termina el señor Pradera: Las críticas dirigidas contra la Ley de Uniones de Hecho por las autoridades eclesiásticas y su intimidatorio ultimátum a los diputados católicos del PP, enfrentados al dilema moral de obedecer las recomendaciones de los obispos o votar en conciencia, no significan sólo una manifestación de intolerancia. También son una preocupante señal de la resistencia de la Iglesia católica a extraer las consecuencias prácticas del carácter laico de nuestro sistema político.

Por lo visto la tolerancia exige que los obispos no hablen y digan lo que por la revelación de Dios y por la razón saben, y sabemos casi todos, que está moralmente bien o que está moralmente mal. Los obispos no imponen la Ley moral natural —que eso sería intolerancia—: la proponen, eso es lo que hizo Jesucristo, y eso es lo que hacen y deben hacer los obispos en nombre de Él. El profeta Amós dice: Si Dios habla, ¿cómo puedo yo callar?

Nuestro sistema político es laico, y nos parece bien, pero no es, o no debe ser, anticlerical, porque entonces sería confesional. Ni debe considerar una tremolina el que los obispos digan lo que piensan. Y además, ¿acaso las recomendaciones de los obispos a los diputados son que desoigan su conciencia? ¿O es que los diputados deben formar su conciencia con los dictados del partido?

Carlos Valverde