Nos duele hasta el fondo del alma el tremendo flagelo del terrorismo, que tanta sangre ha costado de nuevo en estos meses y que sigue amenazando un bien tan sagrado como la vida de las personas, de modo que son muchos hermanos nuestros los que viven sometidos al amedrentamiento y al chantaje, algo que, en cierto modo, notamos y padecemos todos los españoles. Nos duelen la muerte y el sufrimiento de tantas víctimas de la violencia en sus múltiples formas, en especial la que sufren las mujeres y los niños. Nos duele que sigan sacrificándose vidas inocentes ya antes de nacer, en número creciente y con nuevas técnicas mortíferas legalizadas por quienes tienen el deber de velar por la vida y la salud de todos. Nos duele la suerte de los pobres y de los que carecen permanentemente de trabajo; la suerte de los inmigrantes explotados por mafias sin escrúpulos, y no acogidos con todo el respeto y el afecto que nos merecen como personas e hijos de Dios. Nos duelen los que pierden la fe, los jóvenes a los que no se les abre en la vida un horizonte iluminado por el Evangelio y que tantas dificultades encuentran para poder afrontar con dignidad su futuro vocacional, en especial para contraer matrimonio y fundar una familia de acuerdo con la dignidad humana y la Ley de Dios, que nos abre el camino a la plenitud de la existencia humana.

En estas semanas de tribulación lo que más nos ha hecho sufrir no han sido las descalificaciones y las acusaciones injustas de las que hemos sido objeto los obispos españoles, a causa de nuestra supuesta tibieza en la condena de ETA y de nuestra presunta ambigüedad en la calificación moral del terrorismo. Nos han dolido más el engaño y la confusión producidos entre los católicos y el intento de separarlos de sus pastores legítimos. Sin embargo, mucho más dolor nos han producido las informaciones y opiniones desorbitadas, y no pocas veces malevolentes e hipócritas, basadas en datos sacados de contexto, relacionados con los tristísimos, pero contados, casos de abusos sexuales perpetrados por unos pocos clérigos en algunos lugares del sufrido y querido continente africano. Se ha pretendido aprovechar la ocasión para echar una mancha de escándalo y descrédito sobre la vida y el trabajo de tantos miles y miles de misioneros y misioneras que allí, y en todo el mundo, siguen consagrando totalmente su existencia al servicio de Cristo y de los hermanos, en frecuentes ocasiones incluso a riesgo diario de sus vidas. Ellos lo saben, pero se lo queremos expresar de nuevo: cuentan con el estímulo, el apoyo, la confianza y la oración de los obispos y de la Iglesia en España.

Nos consuela, en cambio, la fidelidad de tantos hijos e hijas de la Iglesia, entre los cuales se encuentran significativamente muchos jóvenes. Unos como sacerdotes o consagrados, otros como padres y madres de familia, presentes en medio del tejido profesional y laboral de la sociedad, son signos ciertos de una aurora nueva para la Iglesia en España.

Para responder a todos los retos planteados y bogar al alta mar de nuestro mundo, será necesario reafirmar teórica y prácticamente la identidad de la Iglesia y de su misión, viviendo misioneramente en la sociedad española de nuestros días, cercanos a nuestro pueblo y verdaderamente solidarios con él. No lo perderemos de vista en nuestro trabajo de esta Asamblea Plenaria, en particular en la formulación de las líneas fundamentales del nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Expresión de nuestra preocupación por aportar la luz del Evangelio a los problemas más agudos de nuestra sociedad es, en particular, el documento La familia, esperanza de la sociedad y santuario de la vida, del que haremos en estos días una segunda lectura. Se podría pensar que hay problemas de mayor urgencia inmediata que preocupan, con toda razón, de un modo más acuciante a nuestro pueblo, entre ellos los del terrorismo, la inmigración o el paro. Sin embargo, no dejaremos de repetir que en la crisis de la familia se halla una de las raíces más hondas de la crisis social que se manifiesta luego en esos otros fenómenos que golpean de modo más llamativo y sangrante nuestra sensibilidad y nuestras vidas. En la crisis de la familia confluyen una serie de factores sociales y culturales que reflejan una concepción del ser humano y de la sociedad que violenta y agrede a la vida humana en sus comienzos, en su desarrollo y en su ocaso. La legislación sobre la eutanasia, recientemente aprobada en Holanda, es triste y dramática expresión de la deshumanización que deja indefensos, sobre todo, a los más débiles: a los niños, a los ancianos y a los discapacitados; sus vidas quedan al arbitrio de los más poderosos. Las cuestiones referentes a la familia no son simplemente cosa de la vida privada de los ciudadanos, como a veces se dice. La cuestión de la familia es una cuestión social de primer orden. Si la familia va mal, la sociedad irá mal.

Los problemas nuevos que determinadas costumbres pudieran plantear al legislador no pueden ser abordados con soluciones que pongan de algún modo en cuestión al matrimonio como institución configuradora de la familia y de la sociedad. Sería un gravísimo error. El camino emprendido por algunas Comunidades Autónomas no es el buen camino. Búsquense soluciones, si es que no las hay ya, pero no se dé cauce legal a la confusión antropológica; no se enturbien más aún las fuentes de la verdadera humanidad. El bien común demanda precisamente lo contrario para el futuro de nuestro pueblo: una legislación más amiga del matrimonio y de la familia.

La enseñanza es otro de los campos neurálgicos en el que se juegan las cuestiones decisivas de la vida de las personas y de la sociedad. No se debería demorar más su regulación legal de acuerdo con las normas pactadas con la Santa Sede en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.

IGLESIA Y COMUNIDAD POLÍTICA

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No parece ocioso recordar hoy el principio fundamental, renovado por el Concilio, de que la Comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas la una de la otra en sus campos respectivos (...) Cada día está más claro que la sociedad e incluso la comunidad política no se reducen a las estructuras del Estado, ni que el valor moral de la autoridad en la sociedad y en la comunidad política se encuentre sólo en la autoridad que ejerce —y se ejerce— en el Estado.

La comunidad política y las instituciones públicas del Estado, en todos sus ámbitos —sin excluir el de las instituciones educativas hasta la Universidad—, han de articularse de tal modo que se garantice la libertad religiosa de las personas y de los grupos. Naturalmente esto le exige no caer en formas laicistas de intolerancia religiosa, sino, más bien, entender de modo positivo la aportación religiosa al bien común; y exige igualmente a los órganos del Estado y a los partidos políticos no suplantar directa ni indirectamente el lugar de las instancias religiosas, convirtiéndose indebidamente en supuestas fuentes de la moral y de las orientaciones antropológicas fundamentales de la vida social. Los peligros que estas actitudes de sesgo dirigista comportan son tan graves como bien conocidos en el siglo XX.

La relación de los obispos y de la Conferencia Episcopal con el Estado democrático ha sido nítida y constructiva desde sus mismos comienzos. Deseamos expresar que nuestra voluntad de colaboración leal con el Estado democrático al servicio del bien de todos los españoles sigue siendo la misma.

El gravísimo problema del terrorismo ha sido y es una de las constantes preocupaciones de los pastores de la Iglesia en España desde que hiciera su triste aparición entre nosotros hace ya más de treinta años. Los obispos han considerado siempre que el recurso a la violencia, a la extorsión y al homicidio para conseguir cualquier objetivo político o social en la sociedad española es absolutamente reprobable y sin justificación alguna. Así lo manifestaron claramente incluso antes de la promulgación de la Constitución de 1978. Nunca hemos dejado de expresar bien alto la más absoluta condena del terrorismo, al que calificamos como intrínsecamente perverso, y del que hemos hecho continuamente juicios morales contundentes, tanto en homilías o declaraciones coyunturales, con ocasión de los crímenes terroristas, como en documentos de nuestro magisterio individual o colegial ordinario. Así, por ejemplo, en La verdad os hará libres, al alertar sobre el extendido menosprecio de la vida humana como grave signo de una seria crisis moral, la Asamblea Plenaria se refería expresamente en términos condenatorios inequívocos a que se siguen eliminando vidas humanas y cometiendo otros atropellos a las personas por el persistente y execrable cáncer de la violencia terrorista, sistemáticamente acompañada de cínicas justificaciones de su ejercicio.

Los terroristas y sus cómplices han seguido tratando de impedir con nueva saña la convivencia de los españoles en libertad. Deseo repetir de nuevo que el terrorismo de ETA no admite cobertura ideológica alguna, pues se opone frontalmente a exigencias fundamentales e incondicionales de la ley moral. Como pastores de la Iglesia reiteramos que el terrorismo es un gravísimo pecado que quebranta horrendamente el mandato divino de no matar y contrasta con los objetivos que, de modo contradictorio, dicen perseguir sus portavoces. Quienes acuden programáticamente al crimen, al secuestro, a la extorsión, al amedrentamiento de las personas y de los pueblos y a la ruptura de las más elementales normas de comportamiento civilizado y democrático no pueden hacer creer a nadie que trabajan por un futuro de justicia y de libertad. No hemos de olvidar que la ideología totalitaria, de la que se nutre el terrorismo de ETA, se basa en el propósito de construir la ciudad de los hombres al margen de Dios y despreciando su Amor y su Ley.

Es natural que, ante estos juicios morales tan claros y constantes, haya que advertir de nuevo, a los católicos y a todos los que nos quieran escuchar, que no es lícito colaborar de ningún modo con ETA ni con su entorno. Quienes lo hicieran no merecerían el nombre de cristianos. Es, por el contrario, obligación moral de todos colaborar con todos los hombres de buena voluntad con la ayuda que cada cual pueda prestar en la protección de los amenazados y en la erradicación de los crímenes terroristas. Si, cuando el Hijo del hombre venga en su gloria a juzgar a las naciones, llamará benditos a los que lo contemplen en sus hermanos necesitados de pan, de salud, de vestido etc., de igual modo llamará benditos a los que vean al Señor en los amenazados por el terrorismo, en sus víctimas y en sus familiares. En la ayuda desprendida y comprometida a los amenazados y a las víctimas del terrorismo tenemos la más actual medida de la autenticidad de nuestro amor al hermano: del amor cristiano.

Nuestros tiempos no son fáciles. Pero no lo fueron más los tiempos pasados. La Iglesia y el catolicismo españoles gozan de una riquísima tradición espiritual, doctrinal y de testimonio evangélico, tantas veces hecho martirio, que se remonta a los tiempos apostólicos y que ha bañado de luz toda nuestra historia. Es esa luz la que alumbra el camino del futuro. No tenemos que inventar nada, pero lo tenemos que empeñar y arriesgar todo. La evangelización integral de la sociedad española de nuestros días, que tantos signos da de su deseo de conocer y vivir el Evangelio, aun en su alejamiento de él, reclama todas nuestras energías. Por eso, al tiempo que comprometidos con nuestras Iglesias particulares, mantenemos también nuestra preocupación misionera en un mundo cada vez más pequeño e interdependiente.