Entre las virtudes que contribuyen a configurar la sociedad, para que sea un ámbito adecuado a la dignidad y al valor de la criatura humana, destaca la justicia: constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, por usar la conocida definición de Ulpiano. Los tratadistas clásicos, dentro del ámbito de esta gran virtud, distinguieron entre la justicia conmutativa, que orienta las relaciones interindividuales; la distributiva, que afecta a la distribución de las cargas, funciones y beneficios sociales; y la general —a la que otros autores designan con el calificativo de legal—, que impulsa a cumplir las leyes que rigen el vivir colectivo y, en términos más amplios, a promover el bien común.

La tradición cristiana, sin rechazar estos conceptos y distinciones, los ha enriquecido con un planteamiento más trascendente de la justicia y el orden social. En el n.12 de la Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, el Santo Padre recuerda la tradición de los Años Jubilares del antiguo Israel, tiempos dedicados especialmente a Dios y en los que, paralelamente, se preveía la emancipación de los que estaban privados de libertad, la redistribución de las tierras y el rescate de las deudas; es decir, la implantación de una equidad y una justicia que fueran reflejo del gozo que implica el saberse elegidos y amados por Dios. En la tradición del Año Jubilar —añade el Papa— encuentra una de sus raíces la doctrina social de la Iglesia, es decir, ese conjunto de principios y criterios que, como fruto de la Revelación y de la experiencia histórica, se han ido decantando en orden a facilitar la formación de la conciencia cristiana respecto al juego social limpio y claro.

Estos principios y criterios son muy variados: por ejemplo, el amor preferencial por los pobres, con el fin de que accedan a niveles de vida dignos; el cumplimiento de las obligaciones asumidas en convenios o contratos; la protección de los derechos fundamentales exigidos por la dignidad humana; el uso justo de los propios bienes, de forma que redunden en beneficio no sólo personal sino común, en coherencia con el objetivo social que a la propiedad le corresponde; el pago de los impuestos; el desempeño adecuado y recto —con espíritu de servivio— de los cargos y funciones que se ejercen; la veracidad en conversaciones, procesos y juicios; la realización de la propia profesión y del propio oficio con competencia y dedicación; el respeto a la libertad de las conciencias; la universalización de la educación y la cultura; la atención a los minusválidos y a cuantos no gozan de las mismas oportunidades de desarrollo y trabajo que los demás… He ahí algunos, entre otros, de los empeños que entraña la realización de lo justo.

Desde una perspectiva negativa, se puede señalar, entre las violaciones de la justicia, la apropiación indebida de los bienes ajenos; los salarios insuficientes, tanto para el mantenimiento del propio trabajador como para la debida atención a su familia; la discriminación laboral de la mujer; la corrupción administrativa o empresarial; la búsqueda exacerbada de beneficios; los planes urbanísticos que redundan en viviendas que casi imponen el control de la natalidad; la contratación de emigrantes en condiciones leoninas; las actitudes racistas o xenófobas; las campañas que violan la intimidad, el honor o el derecho a la información; las tecnologías que degradan el ambiente…

La justicia plasma un ideal humano que la fe cristiana hace suyo, al tiempo que lo ilumina desde su propia perspectiva. Esa luz específica fortalece la consideración del hombre como persona —como criatura dotada de dignidad natural— desde su condición de hijo de Dios. Para el cristianismo, el prójimo no es sólo un semejante, ni un mero conciudadano o miembro de un mismo pueblo o de una misma raza, sino un auténtico hermano. Quien se sabe hijo de Dios, por tanto, se siente emplazado a elevar las obligaciones de justicia a deberes de fraternidad.

La justicia, esa disposición habitual a dar a cada uno lo suyo, sin perder nada de su fuerza, queda inmersa de este modo en el dinamismo de otra virtud más alta: la caridad, el amor. El Fundador del Opus Dei lo expresa con fuerza en una de sus homilías. Comenta, después de aludir a la obligación de dar a cada uno lo suyo, que no se debe olvidar que las cuestiones entre las personas no se quedan en meros problemas aritméticos que se resuelven a base de sumas y de restas (…) Únicamente con la justicia no resolveréis nunca los grandes problemas de la Humanidad. Cuando se hace justicia a secas, no os extrañéis si la gente se queda herida: pide mucho más la dignidad del hombre, que es hijo de Dios. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica: "Dios es amor" (…) Hemos de movernos siempre por Amor de Dios, que torna más fácil querer al prójimo, y purifica y eleva los amores terrenos.

Si acogemos a fondo el mensaje cristiano, nuestra actitud ante quienes nos rodean no se limitará a cuanto la ley reconoce y la naturaleza exige, sino que iremos mucho más allá, empeñándonos en entregar voluntariamente más de lo nuestro, en la medida en que los demás lo necesitan. El ideal cristiano eleva el punto de mira de la justicia por obra de la caridad: la caridad sería falsa si no estuviera basada en la justicia; pero a la vez la caridad —ejercicio del amor, del servicio desinteresado— completa y trasciende la justicia.

Las relaciones de justicia presentan, por su propia naturaleza, una dimensión social que reclama una atención específica. Los hombres solemos referirnos a esa realidad con la expresión vida política o, más sencillamente, la política, y a ella hemos de aludir ineludiblemente si queremos describir —aunque sea a grandes trazos— la intervención —la vocación— del cristiano en el seno de la sociedad civil.

En algunos ambientes se habla de la política en forma despectiva, como si fuera un campo minado por la ambición, las traiciones y los enredos. En ocasiones, en esos mismos ambientes o en otros se afirma que los cristianos no deberían intervenir en política o que, si deciden tomar parte, la lógica —no se sabe cuál— exige que prescindan de sus principios y coloquen sus creencias al margen de su actuación, ya que, de lo contrario, caerían en el fundamentalismo. Esas consideraciones no responden a la verdad. La política es en sí una actividad noble. Se relaciona necesariamente con el hombre y con su destino, realidades que no son en modo alguno ajenas a la fe cristiana. Concebir la vida pública totalmente al margen de la fe —en términos más amplios, al margen de la religión y de Dios— equivale a prescindir de una dimensión fundamental del ser humano y, en última instancia, a empequeñecer la actividad política: si no queremos que la sociedad civil se rija por unas reglas exclusivamente utilitarias y, por tanto, destructoras o discriminatorias de la persona, es preciso superar posibles prejuicios y reflexionar más atentamente sobre el problema.

El mensaje de Jesucristo aporta consideraciones fundamentales en orden a la recta organización y funcionamiento de la vida política. En primer lugar, la afirmación del primado de la persona, de la verdad del hombre, ser creado a imagen de Dios, a la vez histórico y trascendente, libre y de naturaleza social, llamado a establecer con los demás relaciones de servicio, de complementariedad y, más profundamente, de amistad y de amor. Este marcado acento en la persona, en su libertad, en su trascendencia, aleja el mensaje cristiano de los totalitarismos, que reducen al individuo a lo colectivo. Y lo separa también —porque la persona está constitutivamente llamada a la comunicación— de todo individualismo radical, de la visión de la sociedad como un simple agregado de individualidades meramente yuxtapuestas, donde la noción de bien común se difumina y desaparece, para ser sustituida por el puro choque y composición de intereses.

Deseo recordar también que Jesucristo proclamó que su Reino no es de este mundo. En otras palabras, no vino a fundar un imperio al que hubieran de someterse las naciones, ni a promover una institución, movimiento o partido sociotemporal al que debieran incorporarse sus discípulos. Cristo convoca a la conversión interior, a la fe, al encuentro con Dios Padre. Para eso, da la vida a una familia de hijos de Dios, la Iglesia, que no tiene por misión organizar la vida social de los pueblos, sino hacer presente al propio Cristo a lo largo de la Historia, anunciando su mensaje y comunicando su vida.

Nadie debería ignorar que la dignidad de la persona pide estructuras políticas y jurídicas que, sin discriminación alguna, permitan la libre y efectiva participación de los ciudadanos: tanto en la elaboración de los fundamentos jurídicos de la comunidad política como en la gestión de los asuntos públicos y en la elección y control de los gobernantes. Las autoridades que, en cada época y con una u otra configuración, gobiernan a los pueblos encuentran su fundamento en la legitimidad de los procedimientos por los que han sido designadas y en el efectivo servicio que prestan al bien de la sociedad y al de cada persona.

El cristiano, como cualquier otro ciudadano, está obligado a cumplir las leyes, salvo en aquellos casos —de ordinario, excepcionales— en los que la propia conciencia lo mueva a la objeción o a la desobediencia civil ante una ley que considera injusta, arrostrando, con la serenidad de su rectitud ante Dios y ante los hombres, las consecuencias que de ahí puedan derivarse; pero no se limita a un cumplimiento pasivo de la legalidad, después de considerar —como desde fuera— su conformidad con la ley moral. Al contrario, se siente urgido a participar activamente, consciente de su propia responsabilidad como protagonista social. La participación —puede leerse en el Catecismo de la Iglesia católica— es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana.

Los modos y las vías para esa participación en la actividad pública son muy variados, en función de las circunstancias históricas, sociales y políticas de cada país. Baste pensar, por ejemplo, en la muy diversa implantación y efectividad de las asociaciones ciudadanas, organizaciones familiares o vecinales, sindicatos de trabajadores, confederaciones de empresarios o de artesanos, colegios profesionales, etc. Así como, desde otra perspectiva, en la multiplicación de los medios de comunicación —decisivos en la vida social y política contemporánea— que dan voz a la opinión pública, a la vez que contribuyen a su formación. Y, como resulta obvio, el cristiano no elude el ejercicio del derecho al voto en las elecciones y consultas populares.

Habrá cristianos con aptitudes para el ejercicio de la política, en el sentido más restringido de la palabra; es decir, para la participación directa en las instituciones legislativas o gubernativas, o bien en las estructuras que concurren a la formación y al funcionamiento de esas instituciones.

En la mayoría de los Estados contemporáneos, esta actividad se desarrolla a través de los partidos políticos, con programas de gobierno que son sometidos periódicamente a los ciudadanos. En ese proceso puede y debe intervenir el cristiano, procediendo, siempre, en coherencia con la propia fe; hasta llegar el caso extremo —si no ha podido evitarlo con un trabajo tenaz— de pronunciarse por un no a una colaboración, o de renunciar a un cargo, antes que prestarse a participar en algo que podría escandalizar, por ser radicalmente opuesto a las convicciones doctrinales o morales que se esperan de un seguidor de Jesucristo.