Fue, sin embargo, en 1997, cuando el Gobierno español aprobó el III Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en septiembre de ese mismo año, la Conferencia Sectorial de la Mujer decidió convocar una Conferencia extraordinaria dedicada a la violencia en el hogar, que tuvo lugar en noviembre. En marzo, el Gobierno aprobó el Plan de acción contra la violencia doméstica, con vigencia hasta el año 2000.

A pesar de que las medidas tomadas por el Gobierno y de que las actuaciones de todos los grupos no gubernamentales están consiguiendo grandes logros, las cifras son escalofriantes. Sin embargo, aumenta constantemente el número de denuncias.

Este III Plan aprobado en 1997 había establecido tres objetivos principales, como recoge Paloma Durán en su ensayo. Por un lado, promover medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, erradicar el acoso sexual en los centros de trabajo, y, finalmente, promover medidas tendentes a eliminar el tráfico de mujeres y niñas y la prostitución.

Un año más tarde, y en vista de las casi 100 mujeres asesinadas en el año 97, se articuló una propuesta de actuaciones en las que también tomaban parte las Comunidades Autónomas, además de diversas ONG que aportaron propuestas a este Plan de acción contra la violencia doméstica. En él, la sensibilización y la prevención en los centros escolares y en los medios de comunicación —estos últimos están jugando un papel fundamental en el tratamiento y divulgación de la gravedad del problema en España— tiene una función primordial, junto con la educación, la investigación para elaborar datos estadísticos que dibujen la situación actual de malos tratos, la atención a nuevas medidas legislativas y judiciales, o los recursos sociales que aseguren una infraestructura suficiente para la atención a las víctimas.

En la actualidad, España cuenta con 21 teléfonos de emergencia para atender a las víctimas, algunos de carácter gratuito. Los centros asesores y servicios de información han pasado de ser 777 en el año 1997, a 918 en 1999. Cursos de formación, en los que han participado casi 5.000 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, órganos judiciales, servicios sociales y del ámbito educativo, aseguran la especialización y la mejora de las actuaciones, como lo demuestran las 54 Comandancias de la Guardia Civil que disponen de equipos de mujeres y menores, dotados de personas especializadas.