Es lástima que en esta Autonomía las personas no tengan libertad para expresar sus opiniones, sobre todo si éstas encierran críticas a las actuaciones del Gobierno andaluz o a cualquiera de sus Consejerías. No es de recibo que la señora Consejera de Educación acuse al señor arzobispo de justificar la falsedad de datos en referencia al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Lo que el señor arzobispo defiende es que la libertad de enseñanza pueda ser una realidad para todos, pero especialmente para las clases de economía más baja, ya que los ricos siempre tendrán medios para mandar a sus hijos al colegio de pago que quieran o a estudiar en el extranjero. Es de justicia que también los que tienen menos medios económicos puedan elegir entre un centro público y uno concertado. Yo escuché en directo las palabras del señor arzobispo, y en ningún momento justificó la falsificación de datos ni incitó a que no se cumpla la normativa. Sí hizo referencia a la necesidad de cambiar esa normativa de escolarización para evitar tanto problema.

En su comunicado de prensa hay dos afirmaciones de la señora Consejera que no se pueden dejar pasar sin una respuesta que clarifique a la opinión pública la veracidad de los hechos, frente a la falsedad de afirmaciones gratuitas: en la primera, dijo que la única razón de ser de la enseñanza concertada es la falta de plazas escolares en los centros públicos. En toda sociedad civilizada, la iniciativa social cubre muchas de las necesidades de esas sociedades y el poder público viene a completar los servicios allí donde no llega la iniciativa social. En nuestra sociedad actual, tenemos una legislación vigente en educación que reconoce y establece la doble red de centros públicos y centros de iniciativa social, concertados unos y de pago otros. La LODE se estableció con mayoría absoluta del partido socialista y siendo ministro de Educación el señor Maravall; la LOGSE fue elaborada por el Partido socialista y siendo ministro el señor Rubalcaba; y en la LOPEGCE tuvo un papel destacado el señor Marchesi, que era ministro cuando se aprobó. Los tres eran ministros socialistas y en las tres leyes se reconoce esa doble red de centros educativos, y se reconoce la libertad de los españoles para optar por unos o por otros, en situaciones de igualdad. ¿O es que la señora Consejera tiene leyes propias y se olvida de las establecidas por el Estado? ¿O es que el Partido socialista de Andalucía establece sus leyes propias y las impone de manera totalitaria? Señora Consejera, léase las leyes, por favor.

No es verdad que en Europa no existe la enseñanza concertada, financiada por el Estado, sino que se financia sólo la pública, como usted ha afirmado. La realidad es que en los países nórdicos de Europa: Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, el Estado cubre del 60 al 85 % del coste real de la enseñanza no-estatal. En Europa Central: Austria, Bélgica y Holanda, el Estado paga el 100 % del profesorado, y en Alemania del 55 al 95 %, y, de modo variable, los Estados cubren los otros gastos. En Inglaterra, Irlanda y Escocia, el Estado cubre también el 100% de los gastos de profesorado y, de modo variable, los otros gastos. En Europa Meridional: Francia y Portugal, el Estado cubre el 100% de los gastos de profesorado y de los otros gastos. Solamente quedan dos países en los que el Estado no paga nada de la enseñanza no-estatal y que son Grecia e Italia; este último sí paga en casos excepcionales.