Ante la aprobación de la píldora del día siguiente por parte del Gobierno central y la generosidad de la Junta de Andalucía de ofrecerla de forma gratuita, lógicamente la Iglesia ha alzado la voz contra la medida, ya que la introducción de dicha píldora significa la universalización de un aborto temprano, fácil y privado. Esta actitud de la Iglesia ha sido atacada por políticos y por muchos medios de comunicación, argumentando que la Iglesia tenía que callarse y no seguir ejerciendo su intolerancia y la imposición de su moral privada. ¿La Iglesia es intolerante o impositora de una moral privada cuando alza su voz contra la píldora del día siguiente y reivindica, al menos, el derecho a la objeción de conciencia?

Estamos hablando de aborto y no de anticoncepción, ya que la intención y la actuación de la píldora es impedir la anidación del embrión en el útero. Algunos dirán que antes de la anidación no es posible hablar de ser humano; sin embargo, lo más coherente con la biología, la genética y la filosofía (ontología y ética) es afirmar la existencia de una persona humana desde el mismo momento de la fecundación. Ante esta realidad, la Iglesia no tiene más remedio que prestar su voz a los sin voz. No consiste en una acción que afecte sólo a la moral privada de un determinado individuo, sino que se trata de una acción en la que se atenta contra una vida humana y, además, se pide que, en dicho atentado, colabore directamente el personal sanitario (farmacéuticos y médicos) y de forma indirecta, en el caso de Andalucía, los contribuyentes andaluces. Por tanto, la Iglesia no sólo tiene derecho a hablar, sino la obligación de no colaborar con dicha práctica. Los católicos tenemosla obligación de alzar nuestra voz contra la injusticia del aborto y el derecho a ser objetores de conciencia. No imponemos nuestra moral privada, ya que no estamos ante una acción privada; reivindicamos el respeto a la dignidad de toda persona y la protección jurídica que merece el embrión humano. No se soluciona la irresponsabilidad de unas relaciones sexuales eliminando irresponsablemente al nuevo ser inocente. No se facilita la educación en la relación sexual responsable favoreciendo la eliminación del fruto de esa relación.

La tolerancia no obliga a relativizar las propias convicciones, de ahí que no entendemos por qué los poderes públicos andaluces se escandalizan de la voz de la Iglesia y se empeñan en impedir, dictatorialmente, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Si realmente quieren ser tolerantes, lo que tendrían que hacer es buscar la verdad sobre el embrión humano y educar para una sexualidad responsable a los jóvenes. Nada tiene que ver con la tolerancia imponer los valores que ellos profesan mediante la coacción a los profesionales sanitarios con el látigo del desprestigio, la amenaza de sanciones y, en muchos casos, con la interinidad de su plaza. Si no quieren buscar la verdad, al menos para llamarse tolerantes, lo que tendrían que hacer es facilitar y velar por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.

José Mazuelos Pérez
Doctor en Teología Moral. Sevilla