Al cumplirse el vigésimo aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ante el recuerdo de unos acontecimientos que me correspondió vivir y dejaron en mí una triste impresión, me tracé el propósito de procurar olvidarlos y permanecer en silencio para no removerlos más, ante el cúmulo de libros, artículos y comentarios que a ellos se refieren y se han publicado en estos días. Pero enseguida caí en la cuenta de que, ante las diversas y a veces contradictorias versiones y las insinuaciones de todo orden ahora aparecidas, pudiera producirse la sensación de que, si callaba por completo, podría interpretarse que estaba en posesión de tan importantes y comprometedores secretos, que sería peligroso desvelarlos.

Y como no es así, sino que, al contrario, cada vez me convenzo más de lo poco que sabía cuando tuvieron lugar los sucesos y lo mucho que sigo ignorando ahora, considero más natural y conveniente opinar según mis conocimientos y mi criterio, con la mayor sinceridad y con la actitud tranquila de que, si se me pregunta, estoy dispuesto a reiterar sencillamente que el rompecabezas sigue sin estar completo para mí, e incluso se ha complicado más con las informaciones recientes. De ahí también la necesidad de ser todo lo prudente que la propia ignorancia aconseja.

Porque la verdad es que en estos actos, que en su tiempo se llamaron pronunciamientos, o más recientemente cambios de timón, y que algunos militares llevaron a cabo a través de la Historia, tiene también importancia la actuación en la sombra de quienes les instigan, mueven o empujan para apuntarse al éxito o seguir en el anonimato en el supuesto de un fracaso.

En circunstancias tan complejas como las que rodean al 23-F, no pueden faltar referencias a instituciones de toda clase que tienen influencia notable en la vida nacional y que precisamente ven resaltada su importancia al ser objeto de alusiones, críticas o comentarios. Así sucede hoy en día, por ejemplo, con la Conferencia Episcopal, respecto a su postura sobre la condena del terrorismo, y tampoco podían faltar consideraciones del mismo orden referidas a la actitud de la Iglesia ante el 23-F.

En el caso actual, creo que nadie puede dudar de la opinión de las autoridades eclesiásticas ante quienes asesinan cobardemente por las espalda de un tiro en la nuca o colocan artefactos que hacen volar por los aires a las víctimas destrozadas. El No matarás de los mandamientos de la Ley de Dios es un precepto riguroso y permanente, que no puede condicionarse con declaraciones circunstanciales o interpretaciones distintas. Interpretaciones que, en todo caso, la Iglesia debiera esforzarse en aclarar y puntualizar, para que la ignorancia no lance sobre ella responsabilidades injustas de ambigüedad, tal vez originadas por las posturas individuales e inexplicables de algunas jerarquías. En ocasiones, los pactos formales tienen menos valor que las convicciones profundas y las decisiones en ellas apoyadas.

Por lo que respecta al 23-F, que pudo provocar una catástrofe y presentaba todos los signos de la ilegalidad, pienso que jamás la Iglesia pudo juzgarlo con simpatía, aunque tal vez los implicados tuvieran entre sus objetivos robustecer la religión y limitar los avances que la democracia requería en temas tan conflictivos como el divorcio, el aborto, la enseñanza o la separación entre la Iglesia y el Estado. El fin no justifica los medios.

Si es tradicional la prudencia de la Iglesia católica en sus opiniciones y sus decisiones, que han de tener siempre una inspiración mucho más permanente que circunstancial, no puede ser una excepción su criterio ante un acontecimiento tan decisivo como el del 23-F, que si bien se dice constituyó un fracaso, tuvo consecuencias muy profundas para España y los españoles.

La Iglesia tiene que evitar la precipitación y sentar sus posiciones con seguridad y rigor, sin dar jamás la sensación a sus fieles —y a los que no lo son— de un oportunismo inoportuno.

Sabino Fernández Campo