Al parecer, las Cortes Valencianas tienen prisa por tramitar la Ley de Uniones de Hecho y el debate se prevé —para sorpresa mía— el día 28 de marzo. Ante tal premura, me veo obligado, una vez más, a alzar la voz de la Iglesia católica en defensa de lo que es y ha sido siempre la familia.

Se insiste en que este proyecto de Ley no equipara las uniones de hecho con el matrimonio. Efectivamente, se ha evitado la inicialmente pretendida analogía; pero esto no es suficiente para elevar a rango de derecho lo que —por sí mismo— es decisión personal y transitoria de determinados ciudadanos.

Como ya señalé, no se trata de limitar los derecho personales de nadie. Simplemente, sucede que los deseos subjetivos no fundamentan, sin más, el derecho social. En efecto, ¿qué bien aportan a la sociedad las uniones de hecho, para que merezcan una Ley especialmente dedicada a ellas?

Por una parte, se pretende elevar a rango jurídico la expresa voluntad de no-vinculación legal de una pareja varón-mujer, que desean cohabitar libremente.

Por otra, si nos referimos a los casos de homosexualidad, la ley provoca la confusión del significado de la sexualidad en la persona humana. Por constitución natural, la persona es sexuada en orden a la complementaridad con el otro sexo y, también, con la finalidad de promover la procreación desde el amor. La ley, al establecer la homosexualidad como un bien de derecho (nótese que es muy diferente tolerarlo o no discriminarlo), hace un deficiente servicio a padres, educadores y a la sociedad en general. ¿Cómo sería posible convencer a jóvenes y adolescentes de que la heterosexualidad es lo que responde más propiamente al modo natural del ser humano?

Así pues, aunque —después de las correcciones introducidas— el texto no equipara las uniones al matrimonio, se introduce un concepto pervertido de modelos de familia, que atenta al bien social y a la naturaleza de la persona. En consecuencia, los diputados católicos no pueden votar con recta conciencia ese proyecto de Ley. Porque no se trata de tolerar o de respetar, sino de establecer como un bien lo que no lo es.

Diferente cuestión plantea el cómo tutelar o garantizar las ayudas —económicas, asistenciales, hereditarias, etc.— que puedan o deban prestarse a dichas uniones de hecho. Cabe restablecer modelos de contrato civil o diversos cauces administrativos para lograrlo, sin que —por ello— se cree un derecho de Ley que instituya como bien social lo que es un ejercicio privado de la libertad individual.

Si a todo esto se suma la recentísima aprobación de la píldora del día siguiente, por el Ministerio de Santidad, nos encontramos ante los mayores errores históricos del Partido Popular; de los que deberá responder ante la sociedad de un mañana no lejano.

Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón