España

Desde este punto de vista, que aumente en un 10% el número de madres solteras, o que haya un 15% más de matrimonios disueltos, además de representar una infinidad de tragedias particulares, es un atentado contra el futuro, que debería causar alarma social. Cualquier persona metida en el ámbito de la educación confirmará que ha aumentado sensiblemente el número de niños, adolescentes y jóvenes con síntomas de frustración e inadaptación, debidos a problemas familiares. Habría que hacer un estudio serio y desapasionado sobre los datos objetivos de una cuestión tan grave, sin permitir que se oculten por prejuicios ideológicos.

El Estado, por su propia naturaleza, no puede entrar en la intimidad de una pareja para indicar a cada uno lo que tiene que hacer con sus sentimientos y vísceras, pero le compete tutelar los intereses públicos. Desde este punto de vista, los antojos o las obsesiones sexuales pueden considerarse un asunto privado, mientras no perturben la libertad ajena. En cambio, el que nazcan y crezcan los niños y se atienda a los adolescentes en las mejores condiciones posibles es una asunto del máximo interés público. Frente a las fuertes presiones de los intereses sexuales privados, del presente, el Estado tiene que optar decididamente por defender el interés público, del futuro.

Puede y debe hacer con medios políticos: las leyes, las subvenciones la propaganda y la educación. Según hemos visto en los años pasados, hay modos de legislar, subvencionar, educar y hacer propaganda que han fomentado eficazmente el liberalismo sexual; y, como consecuencia, la precocidad irresponsable, el número de matrimonios disueltos, el de madres solteras y el de abortos procurados (de todo hay estadísticas). Es evidente que el fomento del liberalismo sexual ha repercutido en el número de desgracias familiares y de niños y jóvenes traumatizados, mientras se ha reducido la natalidad y la población ha envejecido a toda prisa.

Además, y es lo menos importante, tiene un costo económico. Porque cuando se disuelven las familias, el Estado se ve obligado a recoger, subsidiariamente, los restos del naufragio. Y se preven muchos más, cuando tenga que atender a tantos solitarios (enfermos y ancianos) que, al desintegrarse las familias, se quedan sin hogar al que acogerse. El número y calidad de los hogares españoles es un asunto del máximo interés político, tanto desde el punto de vista del bienestar general, como de los costos sociales. Y es sensible a las medidas políticas. Es un asunto tan obvio que da vergüenza decirlo.

Lo urgente ahora no es culpabilizar a nadie, sino mejorar la situación. Es evidente que el liberalismo sexual necesita un contrapeso social, que mire a los intereses de la comunidad. Algo tan importante no puede quedar a merced del que más grita. Por eso, es de esperar que, con un poco de ingenio, se encuentren modos de legislar, subvencionar, educar y hacer propaganda que protejan más decididamente la unidad familiar y consigan para la mayoría de los ciudadanos más jóvenes el beneficio inmenso de vivir en una familia no traumatizada, donde sean queridos, alentados y bien educados.

Hay mucho barro levantado. En el colmo de la ceremonia de la confusión, algunos quieren convertir el asunto de sus sentimientos y vísceras en una cuestión de Estado, y el asunto de las familias y de los hijos en una cuestión privada. No puede ser. Se necesitan Gobiernos progresistas que, en medio de tanta bulla, vean claro, se comprometan decididamente con el futuro, y sepan apreciar la diferencia entre los padres y los bolígrafos.