La pasada semana, un informe de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) volvía a dar la voz de alarma con respecto a los contenidos de algunos programas infantiles que se emiten en las cuatro televisiones generalistas en abierto de nuestro país (TVE-1, La 2, Antena 3 y Telecinco), en los que se han detectado excesivas escenas violentas, sexistas y ridiculizantes de la cultura. Para remediar semejante siembra de contravalores, la mencionada organización propone un mayor cumplimiento de la Ley de TV Sin Fronteras y la creación del Consejo Audiovisual.

Nos alegra semejante iniciativa social que, en gran parte, coincide con la petición que hacían los obispos españoles en su mensaje para la reciente Jornada Mundial de las Comunicaciones, cuando afirmaban que es obligación de la Administración preservar unos mínimos de calidad ética y estética en los medios, sobre todo en el ámbito televisivo, y pensamos que un instrumento que contribuiría a ello sería la creación en España, al igual que ya existe en la mayor parte de los países europeos, de un Consejo de lo Audiovisual que, gozando de la mayor representatividad social posible, velase por la calidad de los productos audiovisuales a la que tienen derecho los ciudadanos como consumidores.

¿Cómo podremos construir una cultura de la paz y de la vida, cuando la violencia está presente en el 28 % del tiempo televisivo que los niños consumen cada día?; ¿cómo evitar que los comportamientos violentos de la ficción televisiva no lleguen, con el tiempo, a ser reales en el hogar, en la escuela y en la calle?

No cabe duda de que una forma de evitarlo es la denuncia y la reclamación del cumplimiento del las leyes de protección de la infancia, empezando por la propia Constitución (art. 20, 3), hasta llegar al Convenio para la autorregulación de los programas dirigidos a una audiencia infantil, firmado por el Ministerio de Educación y por las televisiones españolas en 1993. ¿Qué ha sido de él?

Pero, sobre todo, como también señalaban nuestros obispos, el público ha de asumir también una mayor responsabilidad en el uso de los medios. Especial misión tienen, en este sentido, los padres y educadores, sin olvidar a la propia comunidad cristiana. Las exigencias éticas y morales de la comunicación social no pueden estar ausentes de los contenidos didácticos de la catequesis y enseñanza religiosa de niños y jóvenes, y de las materias formativas de los futuros esposos o de las escuelas de padres. En una palabra: hay que educar, también cristianamente, para ver televisión y seleccionar lo que se ha de ver. Es una cuestión de salud moral.

de Iglesia en Camino
Semanario de la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz