El caso Gescartera está en el centro de la vida social española desde hace meses y ha afectado de modo directo a nuestra diócesis. Algunos se preguntan si nuestros máximos responsables han obrado incorrectamente. En el contexto de tantos casos de corrupción como se descubren una y otra vez en nuestro país, algunos medios de comunicación han dado por supuesta la culpabilidad de nuestra diócesis. A veces ha dado la impresión de que el Arzobispado no ha sido el presunto estafado, sino el estafador. En este momento es importante que los cristianos y los ciudadanos de buena fe no nos dejemos confundir por esta campaña de descrédito, que reforcemos nuestra confianza en aquellas personas que el Señor ha designado para conducir la comunidad y que nos comprometamos más con nuestra Iglesia diocesana. Uno de los aspectos positivos que podemos entresacar de este asunto es que se ha generado una reflexión y un diálogo que pueden ser muy fecundos. Para ese mayor compromiso es fundamental que tengamos las ideas claras, porque las cuentas en la diócesis siempre han estado claras. Veamos los escándalos que se denuncian:

- La diócesis ha confiado cerca de mil millones de pesetas a Gescartera (hasta el año 1999), lo cual demuestra que tiene muchísimo dinero, en contra del valor evangélico de la pobreza.

Mil millones es mucho dinero, y más aún si lo juzgamos desde los ingresos y los gastos que puede tener una persona cualquiera. Pero si se tiene en cuenta que se refiere a una institución, la diócesis, que sólo cada año ingresa y gasta en torno a 750 millones de pesetas, ya no es tanto dinero. Un ejemplo: con esos mil millones, si la diócesis no tuviera otros ingresos, podríamos subsistir tan sólo un año y cuatro meses. Y hay muchos gastos: el mantenimiento (mínimo) de los sacerdotes y del patrimonio, del Seminario, de la actividad pastoral diocesana, la construcción de nuevos templos, etc. Un templo nuevo —y en los últimos años se han edificado cuatro— cuesta 300 millones de pesetas. Y ese dinero sale íntegramente de la diócesis.

El dinero confiado a Gescartera no se entregó de una sola vez, sino que fue el total de diversas entregas entre marzo de 1996 y febrero de 1999. En abril de ese año se retiró el total. En enero de 2001, se entregó el saldo actual, de 25 millones. Gran parte de ese dinero no es propiedad de la diócesis, ni puede disponer de él, sino que tan sólo debe administrarlo: son donaciones y legados que algunas personas entregan a la diócesis para el culto, obras de apostolado o de caridad, y cuyos rendimientos se destinan escrupulosamente a cumplir la voluntad de los donantes. Son muchas las personas e instituciones propietarias de esos 1.000 millones.

- Casi todo el dinero de la diócesis procede de los presupuestos generales del Estado, es decir, del bolsillo de todos los españoles.

No es verdad. Para sus gastos de 750 millones anuales, la diócesis recibe de los fieles, a través del Estado, unos 300 millones de pesetas, y se destina exclusivamente a pagar un salario mínimo a los sacerdotes (que hay que recordar que son también trabajadores). El dinero público no llega para pagar las cuotas de Seguridad Social del clero, que ascienden hasta 38 millones de pesetas al año. La diócesis tiene que hacer frente, cada año, a casi 500 millones de gastos imprescindibles, para los cuales no tiene otro medio de ingreso que hacer rentables sus ahorros. Si no se ahorrara ni obtuviesen rendimientos de ese ahorro, la diócesis no podría construir nuevos templos, conservar y construir viviendas para sacerdotes y completar algo su mínima asignación pública, formar a los seminaristas en condiciones adecuadas, cuidar especialmente de los sacerdotes que viven en los pueblos (obligados a mayores desplazamientos) y a los sacerdotes jubilados y enfermos, enviar fondos a otras diócesis más necesitadas, etc.

- La diócesis no informa de sus actividades económicas ni ha respondido a las acusaciones.

Esto tampoco es verdad. No hay secretismos de ningún tipo. Los presupuestos de cada año se aprueban y comprueban en la Junta de Economía. Siempre han sido públicos, pero hasta ahora no habían interesado especialmente. Obviamente, las decisiones concretas de dónde se invierte, cuánto, etc., las adoptan los órganos diocesanos encargados, y sobre ellos existe una lógica reserva, pero sus resultados son públicos, y en el procedimiento de toma de decisión intervienen varias personas.

Nuestro arzobispo y nuestro ecónomo han escrito hasta tres documentos, que se han difundido a todos los medios de comunicación de la provincia (prensa, radio y TV), sin que los dos primeros fueran publicados textualmente, y el tercero lo fue sólo en El Norte de Castilla. Por esta razón los tres documentos se publican en la Hoja diocesana. La diócesis ha sido juzgada y condenada por la opinión pública sin habérsele permitido explicar su versión de los hechos.

- Haber invertido en Gescartera significa especular y es inmoral e ilegal. El dinero de la Iglesia ha de ir a los pobres y no a los mercados financieros.

Nada ilegal ha habido en la actuación del Arzobispado, ni desde el punto de vista penal, ni mercantil o fiscal. Por supuesto el dinero depositado no es negro, ni de caja B, que no existe en la diócesis. La cuestión es si ha sido o no inmoral la conducta de los responsables diocesanos. Algunos han dicho que la Iglesia debería invertir sólo en deuda pública, que va destinada a escuelas o carreteras. Pero, ¿por qué no va a poder invertir la diócesis donde obtenga mejor rentabilidad, dentro de una razonable seguridad, y siempre que respete las leyes civiles y canónicas? Eso no es especular, porque no se trata de obtener el máximo beneficio, sino de asegurar la subsistencia económica de la diócesis. El ecónomo ya ha contado cómo la inversión en Gescartera se debió a una oferta razonable y aparentemente segura de una entidad que parecía entonces absolutamente respetable. Pero inversiones así son excepcionales en la gestión económica ordinaria de la diócesis. Se puede (y debe) dialogar en el seno de la Iglesia sobre si serían preferibles otras fórmulas de ahorro, que incluso pudieran ser una fuente de inspiración ética para otros, pero si queremos ser mínimamente realistas y responsables, esta reflexión debe intentar aportar soluciones viables, y no de salón, al problema de cómo la diócesis podría hacer frente a los cerca de 500 millones de pesetas al año que gasta en capítulos imprescindibles para nuestra vida eclesial.

- La diócesis recibió una información privilegiada de la CNMV y pudo retirar a tiempo el dinero depositado en Gescartera, dando muestra, por cierto, de un gran egoísmo al no avisar a otros inversores.

Es mentira de principio a fin. La CNMV visitó en 1999 al Arzobispado de Valladolid para constatar si era cierta la inversión en Gescartera, comprobando que sí lo era. Por una decisión prudente y también porque había que hacer frente a pagos importantes de construcción de nuevos templos, la diócesis decide retirar los mil millones. Pero no se quiebra en ese momento la confianza en Gescartera, como lo prueba que en febrero de este año les confiamos 25 millones. También nosotros hemos sido presuntamente engañados por Gescartera. No sabíamos más que el resto de inversores. Si algo se puede concluir de lo que hemos aprendido todos a raíz de este asunto no es que nuestra diócesis nada en la abundancia, sino precisamente la precariedad de su economía y la necesidad de administrar prudente y eficazmente los bienes. La diócesis no invierte para ganar dinero, sino para sostener todas sus actividades pastorales. El caso Gescartera es una invitación a que todos los cristianos de Valladolid nos responsabilicemos mucho más, también económicamente, de nuestra Iglesia diocesana (obviamente, si aportáramos más de las 1.000 pesetas al año de media no sería necesarias tantas economías) sin perjuicio de que intentemos mejorar todo lo que sea necesario en cuanto a la administración de los bienes.

Fernando Rey