Escribe Cándido De la moral pública y se muestra partidario de "una sola moral pública, que estriba primordialmente en formar buenos ciudadanos y no otra cosa. Esta moral no puede ser vista simplemente —añade— como complementaria de la moral privada, antes al contrario, es la moral privada la que debe complementar la moral pública..." Lo siento mucho, pero no puedo estar de acuerdo; es más, no sé qué es eso de la moral pública; a mí no me parece otra cosa que una abstracción, porque estoy convencido de que la sociedad, ninguna sociedad, cambiará, si antes y primero no cambia cada quisque, cada Cándido, cada Berceo. Todo lo demás es moral de arte y ensayo, y toreo de salón como el de Haro Tecglen cuando dice: "Yo no soy polémico. Digo la verdad". Y yo digo que no es verdad.

Acuerdos en entredicho: así titula un editorial El País de hace unos días. Que no; que eso es lo que querría el editorialista de El País; pero que no. Que el Gobierno español ya ha dicho que eso ni tocarlo, por mucho que el editorialista de El País salga diciendo ahora que "portavoces eclesiásticos, incluido el Presidente de los obispos, Antonio María Rouco (sic), han esgrimido los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 para intentar desactivar la crítica social desencadenada... bla bla bla". Que no; que quienes esgrimieron los Acuerdos, a ver si lograban cambiarlos, fueron los señores de El País, y les ha salido rana.

"Muchos se preguntan por qué ha habido y sigue habiendo tantos hechos violentos religiosos": así comienza un artículo en El País de Miret Magdalena. Que no, que si es violento no puede ser religioso; en todo caso será anti-religioso, igual que un círculo no puede ser cuadrado.

La abogada Ana Morera, so capa de respetuoso pluralismo, como el que destila casi a diario el periódico Madrid que reparten, gratis, en el Metro, escribe que "la Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece que las Iglesias tendrán plena autonomía... sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación"; por tanto, según ella, el despido de profesores de Religión sería injusto y anticonstitucional. Pues no; si se parte de las premisas falsas que a uno le da la gana, se llega a las conclusiones falsas que a uno le da la gana. Justa y precisamente la Constitución es la que reconoce, ante todo, el derecho de los padres a la educación de sus hijos; y de despidos, nada; si de verdad desea enterarse, puede hacerlo leyendo lo que ya ha sido publicado, que ha dejado las cosas suficientemente claras. Otra cosa es que no quiera enterarse.

¡Ah!; por si no lo sabían ustedes, Lola Galán, desde Roma, informa a los lectores de El País de que el Sínodo de Obispos tiene el "fin de diseñar el perfil del sucesor de Juan Pablo II". No te acostarás sin saber una cosa más.

Gonzalo de Berceo