Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede han funcionado sin mayores problemas desde 1979. Pero los que identifican la laicidad del Estado con la ausencia de la religión de la arena pública, intentan presentar un balance en el que la Iglesia católica parece explotar abusivamente al Estado. El diario El País, que mantiene su campaña particular en este asunto, dedicaba el pasado 19 de septiembre dos páginas al tema, bajo el titular: España financia las actividades de la Iglesia católica con más de medio billón de pesetas al año.

Quien no leyera más se quedaría con la impresión de que la Iglesia católica sangra al Estado para asuntos peculiares de su actividad religiosa. Pero si se observa el cuadro que elabora El País sobre las aportaciones económicas principales del Estado a la Iglesia (fuente: elaboración propia, aunque sería más exacto manipulación propia), se advierte que para llegar al total estimado de 586.000 millones de pesetas se suman las churras con las merinas.

Aun ateniéndose a los números que aporta el diario, resulta que la aportación principal de 420.000 millones de pesetas corresponde a las subvenciones por enseñanza concertada que reciben los colegios de propiedad eclesial, al igual que otros centros privados. Un dinero que no va a la Iglesia, sino a financiar la educación de los alumnos cuyas familias han elegido libremente esos colegios y de cuyos bolsillos salen también los impuestos. La siguiente partida más elevada son 100.000 millones para los salarios de los profesores de Religión de la enseñanza pública que, según los Acuerdos, son elegidos por la Iglesia católica y pagados por el Estado (fórmula que se ha repetido en los acuerdos con musulmanes y judíos). Al ser la Religión una asignatura voluntaria, esos profesores no existirían si no hubiera una demanda de las familias. Y resulta que los alumnos que optan por la enseñanza religiosa en los centros públicos van desde el 87% en Primaria al 47% en Bachillerato. Descontadas esas dos grandes partidas, el más de medio billón queda ya reducido a 66.000 millones. Pero incluso dentro de ese resto, gran parte se debe a subvenciones para ONG de titularidad eclesial (15.000 millones) y a centros hospitalarios y de caridad (10.000). En este capítulo, las instituciones de la Iglesia se benefician de las subvenciones previstas para todos los que hagan algo en este sector de interés social. Y si las instituciones católicas están más representadas, es un signo de que siempre se han distinguido por su dedicación a los más débiles. Las cuentas incluyen tamibén 7.000 millones de ayudas para el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. Pero ¿sería más laico dejar caer a pedazos la catedral del León? Puestos a hacer balance, sería más exacto calcular cuánto se ahorra el Estado.

Al final resulta que los dineros de la Iglesia benefician más de lo que parece al Estado laico.

Ignacio Aréchaga
Aceprensa