      |
«La Iglesia no tiene otros fines
que el servicio del Evangelio»
«La Iglesia no tiene dinero para otra finalidad que no sea la del ejercicio de su misión,
el anuncio del Evangelio: la vida litúrgica, los sacramentos, el servicio al prójimo, la caridad,
el compromiso social...» Son palabras del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid,
en la reciente entrevista realizada por el periodista Luis Herrero, en la cadena de radio COPE.
Ofrecemos a continuación un amplio resumen de las declaraciones del cardenal:
|
|
Prácticamente es casi imposible que ni un céntimo del dinero que la Iglesia recibe del Estado haya ido a Gescartera o pueda ir a algún otro instrumento de depósito de dinero o de bienes muebles», afirmó en La mañana de la Cope el cardenal Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, en respuesta a la pregunta de Luis Herrero sobre recientes acusaciones de que el dinero invertido por algunas instituciones eclesiales en Gescartera provenía de los fondos de la aportación estatal. «Hay que recordar -precisó el cardenal- que el actual sistema de ayuda del Estado a la Iglesia -en este momento, consiste básicamente en facilitar que los ciudadanos declaren su intención de ayudar a la Iglesia a través del sistema fiscal, que, de hecho, se complementa con una cantidad adicional en los Presupuestos Generales del Estado, y que, por otro lado, se ha configurado en una especie de sincronía con las subvenciones a las ONG- tiene su origen histórico precisamente en la desamortización: la Iglesia se queda a principios del siglo XIX desposeída de sus medios normales y ordinarios de sostenimiento; el Estado hace directamente, en un primer estadio, la desamortización con esos bienes; después, en un segundo paso, los vende, los enajena, con el compromiso de ayudar directamente a lo que después se llamó, en la historia, Presupuesto de culto y clero. Este origen histórico está latiendo ciertamente en el contexto actual del problema, en España y en otros países europeos.|
La información que se está dando en relación a la presencia de algunos accionistas de Gescartera en algunas Órdenes religiosas parte de un principo de desinformación, y no sólo especialmente en relación con ese caso, sino en relación con la organización de la Iglesia católica, con sus estructuras, con su relación con los medios o instrumentos materiales, no sólo con el dinero, sino también, en general, con la forma y modo como está organizada la Iglesia. Los déficits de formación religiosa, y no sólo de información, que, más o menos, arrastramos en general en los útlimos tiempos, aquí repercuten enormemente. Ya no se tiene una clara idea de qué es la Iglesia, o cuál es su estructura de responsabilidades, la organización de sus realidades comunitarias... El dinero y los medios económicos en la Iglesia están en relación estrictísima con el ejercicio de su misión, que es el anuncio del Evangelio, el servicio a la Palabra en todas sus facetas, la educación primera y primaria de la fe, su desarrollo y su estudio en un contexto universitario, por ejemplo en el sistema de universidades de la Iglesia, y alcanza, de una manera muy central, lo que tiene que ver con la vida litúrgica, los sacramentos, el culto, la vida de oración, el servicio al prójimo, los servicios de caridad, el compromiso social, etc... La Iglesia no tiene dinero para otra finalidad que no sea ésa; ahora bien, la Iglesia la forman los hombres, la formamos personas con nuestra historia, la historia de cada ser humano, y podemos pecar también a la hora de hacer uso del dinero. Pero si hay una época en la historia de la Iglesia en la que la relación entre medios, sobre todo patrimoniales, y finalidad y servicios de la Iglesia es rigurosa, yo diría que es ésta. Y, aplicando el caso a la Iglesia en España, tenemos que decirlo con mayor fuerza. E incluso a casi toda la Iglesia en Europa; no se puede olvidar que después de la Revolución francesa, en torno a la gran expansión de las ideas revolucionarias en Europa, se produjo el famoso fenómeno de la desamortización que dejó a la Iglesia en Europa sin medios; todavía en Francia la Iglesia no es ni propietaria de las catedrales; lo es el Estado. La aportación económica del Estado a la Iglesia católica la recibe la Conferencia Episcopal para lograr una retribución mínimamente digna de los sacerdotes del clero secular español o de sacerdotes al servicio de la Iglesia en el contexto de la vida parroquial que llega a todos los ciudadanos católicos: pastoral parroquial diocesana, culto, enseñanza, servicios que tienen que ver también con la educación en la fe, centros de formación de los sacerdotes, tanto los Seminarios como las Universidades Pontificias...» Respecto a una información de Colpisa sobre la intervención del Vicepresidente económico del Gobierno, don Rodrigo Rato, en el Comité Ejecutivo del PP, en la que, según laagencia, habría aludido a «ingresos espectaculares» de algún Obispado, invertidos en Gescartera para favorecer a determinadas personas del Gobierno a cambio de que éste mejore su aportación económica a la Iglesia, el cardenal señaló: «Lo primero que habría que hacer es tener una información precisa sobre ese comentario, si es que se dio y cómo se dio, y, por lo tanto, creo que, si no se tiene una información completamente objetiva y exacta, no se puede hacer ningún comentario sobre comentarios. En cualquier caso, parece que es una historia fantástica, y no creo yo que ninguna diócesis, ningún administrador diocesano, piense que él puede mejorar las relaciones entre la Iglesia y el Estado en ese campo, ni mucho menos. En cualquier caso, yo no veo que esto tenga nada que ver esencialmente con la verdad de los hechos, y con lo que podríamos llamar la verdad de la relación Iglesia y medios económicos, y medios de sostenimiento de su vida y de su misión en España». |
|
«La historia de la Iglesia -concluyó el cardenal Rouco- ya nos ha acostumbrado a lo que podíamos llamar campañas de desprestigio, de desinformación... y no precisa ni principalmente por los pecados de los hombres de la Iglesia, sino por la Iglesia misma» DÉFICIT DE INFORMACIÓN El obispo en su diócesis sólo tiene un superior, que es el Papa, nadie más. La Conferencia Episcopal no es superior de ningún obispo. Indirectamente hay algunas materias en las que puede legislar, diríamos, por usar una expresión accesible a todo el mundo, pues se puede decir que indirectamente ejerce una cierta jurisdicción sobre los obispos de la diócesis, pero no tiene ninguna facultad ni de inspección ni de control, salvo del dinero que recibe del Estado, a través de los ciudadanos en gran medida, y en pequeña medida del Estado, para repartirlo a las diócesis. Sobre eso sí tiene responsabilidad la Conferencia Episcopal. La gestión de los bienes de la Iglesia depende de cada institución, y son miles y miles de instituciones de la Iglesia, tanto las que pertenecen al mundo de las parroquias y de las diócesis, como al mundo de las congregaciones e instituciones religiosas que dependen directamente de la Santa Sede, como las asociaciones y fundaciones de ámbito seglar, que son en España decenas de miles. Tienen que ejercer su responsabilidad de acuerdo con las normas del Derecho Canónico, que exige una administración en que el respeto a los fines sea total; luego, a su superior inmediato tienen que hacer una rendición de cuentas anual. Muchos fieles en España han hecho donaciones a la Iglesia en forma fundacional, eso hay que administrarlo de forma segura y responsable. Yo creo que hay muchos católicos que conocen a fondo todo esto, pero no son precisamente los que escriben o se mueven en el mundo de la información. A lo mejor es que los católicos tienen que meterse más a fondo en los medios de comunicación social y hacerse más presentes en ellos. Hay un déficit general de formación y de información sobre la Iglesia, sobre los contenidos de la fe. Es decir, lo que antes llamábamos ignorancia religiosa nos ha afectado mucho desde el punto de vista interno de la Iglesia, y nos afecta como una gran llamada a nuestra responsabilidad y a nuestros deberes como pastores de la Iglesia católica. También se refleja el que los católicos más comprometidos tengan miedo a los medios de comunicación social y no hayan entrado en el mundo de la comunicación como debieran». |
|
PROFESORES DE RELIGIÓN En respuesta a la polémica suscitada por el cese de contrato de dos profesoras de Religión, el cardenal señaló: «A veces se olvida que lo que está en juego es el derecho a la libertad religiosa; por supuesto, el derecho a la libertad de la Iglesia, pero en el fondo a la libertad religiosa, un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española. Todavía hace dos años el Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias sobre el carácter de los contratos de los profesores de Religión; en el año 81 el Tribunal Constitucional publicó una sentencia donde definía claramente lo que significa para la escuela no pública el ideario, la legitimidad del ideario, las exigencias del ideario con respecto a la vida y a la doctrina de los profesores, no sólo de Religión, pero análogamente también definía de algún modo lo que suponía la presencia de la Iglesia a través de la clase de Religión en los centros del Estado. También quedó claro que el Estado no es el sujeto monopolizador de la enseñanza, y menos de la enseñanza religiosa y moral, que es asunto primario de los padres, y que los padres delegan en España, de una forma expresa, firmando todos los años si quieren o no quieren religión católica para sus hijos; eso no es asunto del Estado, y el Estado tiene obligación de financiarlo, como otras muchas cosas que pertenecen al ejercicio de esos derechos. Todo este conjunto de principios, valores, ideas, tan esencialmente relacionados con el bien común, con la esencia del Estado democrático, con una recta concepción de los derechos fundamentales de la persona, de pronto, en dos semanas, parece que ya no se conoce, no se aprecia, no se analiza con rigor, y a veces incluso se analiza de forma verdaderamente desproporcionada o desmesurada. El obispo propone todos los años la lista de personas idóneas para enseñar la clase de Religión en conformidad con el artículo correspondiente del Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, y teniendo como trasfondo el artículo 27 de la Constitución en el que se dice que los padres tienen el derecho y se les garantiza el derecho de que sus hijos reciban la clase de formación religiosa que ellos estimen conveniente. |
|
Las hipótesis que se refieren a los hechos de este verano son rarísimas. Hay miles de profesores de Religión en España que ejercen su misión o su tarea docente en sintonía y comunión plena con la Iglesia. Por lo tanto, la panorámica general es ésa. La excepción es lo que ha ocurrido este verano, y el eco que ha encontrado en los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que no podemos, con verdad y con objetividad, hablar mal de los profesores de Religión. No podemos, ni debemos, porque responden en su inmensa mayoría lo mejor que saben y pueden a sus obligaciones y a lo que exige la vocación y la misión que han recibido de la Iglesia y de los padres de familia. Otra cosa es el problema de la alternativa que se nos creó en el año 91, y que todavía está pendiente de solución: efectivamente afecta muy negativamente al desarrollo pedagógico y didáctico en condiciones de mínima normalidad de la clase de Religión. Confiamos, esperamos que pueda encontrar un cauce de solución a través de la ley de mejora de la calidad educativa. A veces uno piensa que puede haber grupos, personas, en el mundo político, social, cultural, que lo que al final quieren es que desaparezca la clase de Religión de la escuela del Estado; algunos lo dicen claramente. Pero eso supondría de nuevo un retroceso hondo y de graves consecuencias en lo que podría llamarse el espíritu democrático y los buenos principios y el buen clima de respeto a los derechos fundamentales de la persona, que debe inspirar toda Constitución política a la altura del año 2001, y, por supuesto, que sigue inspirando la Constitución política de España. |