El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, haciéndose eco de manifestaciones de otros obispos españoles en el mismo sentido y actualizando de nuevo la permanente línea de condenación de las actuaciones terroristas de ETA, deplora profundamente la decisión de esta organización de poner fin a la tregua anunicada en septiembre de 1998, amenanzando de nuevo a toda la sociedad con nuevos atentados. Esta decisión llena de pesar y temor a la Iglesia y a la sociedad, y hiere las esperanzas que el cese de sus acciones violentas contra las personas alentó en nuestro pueblo. El terrorismo no es camino para satisfacer ninguna demanda o reivindicación, que en una sociedad democrática hay que defender por medios pacíficos y justos.

El Comité Ejecutivo de la CEE, interpretando el sentir unánime de los obispos españoles, llama a la citada organización a que revoque su decisión y decida definitivamente el abandono de la violencia en cualquiera de sus expresiones, que es rechazada por toda conciencia recta y envilece y degrada a sus autores, defensores y cómplices. ETA está todavía a tiempo para rectificar y evitar así al país Vasco y a España entera nuevas tragedias y sufrimientos.

Pide asimismo al Señor que toque el corazón de quienes han anunciado la vuelta a la actividad armada, para que desistan de sus proyectos. Lo exige la dignidad de la persona y de la vida humana, que son inviolables como prescribe el mandato divino del no matarás. Lo exige también nuestra común condición de hermanos, hijos de un mismo Padre.

Invita, finalmente, a todos los cristianos a la oración ferviente, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad al compromiso activo a favor de la paz, a la que tienen derecho, por encima de cualquier otra consideración política, el País Vasco y toda la sociedad española, que ya ha sufrido durante largos años el azote del terrorismo.

En cualquier caso, el don de la paz, que de nuevo se nos ofrece en la espera del Señor que viene en este nuevo Adviento del año 2000, no nos será arrebatado si los cristianos y todos los ciudadanos unidos con los responsables del bien público nos comprometemos decididamente en la promoción de los derechos fundamentales de la persona y en la búsqueda consecuente del bien común.