Al cabo de un año durante el que se batieron records absolutos de enmiendas -más de mil- y debates, la Asamblea Nacional Francesa ha adoptado uno de los proyectos faro del socialismo francés: el PACS, Pacto Civil de Solidaridad. Bajo ese nombre inocente se esconde un proyecto de ley que legaliza las uniones libres, es decir, el concubinato, ya sea entre parejas hetero u homosexuales. Repudiado por el Senado, vilipendiado por los conservadores que protagonizaron una batalla sin cuartel contra el PACS, el proyecto ha vuelto a la Asamblea para su adopción definitiva. Los tres grupos de la derecha francesa, masivamente unidos en su rechazo del PACS, RPR, UDF y DL, anunciaron que iban a someter la reforma al Consejo Constitucional.

Si bien la mayoría que gobierna Francia -socialistas, ecologistas y comunistas- tiene ganada la guerra en la Asamblea, aún les queda por superar la del Consejo Constitucional y la del Presidente, Jacques Chirac. El ardor de los debates está animado por una pequeña pero potente corriente católica y protestante, que ve en el PACS una visión de la sociedad que, surgida de las ideas de Mayo del ‘68, pone en peligro los fundamentos de la familia. Sin embargo, la campaña antiPACS fue tan ridícula que, en vez de poner en aprietos al Gobierno, ayudó a que los jóvenes aceptaran el proyecto.

Al igual que lo que ocurre en países como Holanda, Suecia o Dinamarca, el Gobierno de Lionel Jospin quería darle un estatuto a las poco más de cinco millones de personas que viven fuera de los lazos tradicionales del matrimonio. Al hacerlo, las autoridades no podían dejar de lado a las parejas homosexuales. Según el proyecto, cualquier pareja puede optar por sus beneficios. Las personas unidas por el contrato fijan libremente las modalidades de su vida en común. En caso de ruptura del PACS, basta que la pareja informe al juez y el contrato queda sin efecto. Salvo disposiciones contrarias, los bienes comprados por la pareja luego de la firma del PACS pertenecen por ley a cada uno, es decir, mitad y mitad. En el campo de la vivienda, el pacto ofrece posibilidades que antes no existían: si uno de los miembros de la pareja fallece o abandona el domicilio, la otra persona podrá conservar la casa. También se regulan los derechos de sucesión.

El reconocimiento de un estatuto, que consagra la unión libre con derechos similares a los del matrimonio y su extensión a las parejas homosexuales, despertaron la ira de los defensores de la familia. El Gobierno, sin embargo, aunque modificó dos versiones del texto final, no retrocedió ante las presiones. Más aún, el PACS terminó convirtiéndose, como las 35 horas semanales de trabajo sin pérdida de salario, en uno de los símbolos de la izquierda francesa y su acción a favor de la evolución de la sociedad. Sin embargo, más allá del paso simbólico que implica su adopción, la aplicación real del PACS está sometida aún a innumerables incertidumbres. La primera es la fecha de su aplicación: la complejidad jurídica de su puesta en práctica atrasó la vigencia de la ley hasta el año 2000. El andamiaje jurídico es tan intrincado que los tribunales no están preparados para asumirlo.

Eduardo Febbro