Porque los padres tenemos la obligación de terminar lo que comenzamos al concebir a nuestros hijos. La educación en general es, desde este punto de vista, un dar la terminación, el acabado, a los hijos físicamente traídos al mundo. Educar es culminar la generación. Y este acabamiento y maduración de los hijos requiere que se ponga a su alcance, para que lo asimilen, todo lo requerido por su condición de seres humanos.

Pues bien: ¿hay algo más importante para un ser humano que su religión? ¿Debe haber, puede haber, para un ser humano algo más importante que su religión? Dado que la creencia auténtica, no meramente nominal, consiste en una entrega completa a Dios, por ser completa, es necesariamente lo principal en la vida de un ser humano. Es una contradicción en los términos considerar la religión un aspecto más de la propia vida: o es lo supremo, o no es religión.

Por lo tanto, estarían indirectamente negando su propia creencia los padres que no la quisieran transmitir a sus hijos, pues en ese no quererla para sus hijos estarían esos padres afirmando no tener su religión como lo más valioso y superior. Nadie quiere dar a quienes más quiere lo que no tiene como valioso, porque nadie quiere transmitirles sino lo mejor.

Asimismo porque a Dios hay que entregar todo el propio ser no puede el buen hombre religioso dejarse convencer por la idea de que la tolerancia democrática requiere como condición necesaria el que los hijos sean educados en un laicismo imparcial y distante respecto de lo religioso. Es lógico, por eso, que los buenos hombres religiosos acaben por protestar contra la tolerancia democrática si las cosas se plantean en esos términos. En esas condiciones laicistas la democracia es percibida como una limitación de la vida religiosa y, por tanto, como algo absolutamente rechazable en este aspecto.

En efecto, si en favor de la democracia el Estado exige del ciudadano que limite los medios de educación en la fe, o el Estado mismo los limita directamente, comete una flagrante injusticia. Transgrede entonces el Estado los límites de su propia función específica y se hace abusivamente totalitario, aunque se presente como de centro reformista todo lo moderado que se quiera, o de un progresismo internacional y moderno. Ahora bien, en la actual legislación educativa española no hay ninguna garantía de que este totalitarismo no pueda suceder, y de hecho la normativa que por ahora desarrolla esa legislación es abiertamente arreligiosa, si no antirreligiosa, y consiguientemente es insoportable por la recta conciencia creyente.

Así las cosas, es de crucial importancia insistir en el derecho de los padres, que son los primeros educadores, a educar religiosamente a sus hijos. Un derecho que es el reverso de un deber elemental: el de transmitir a los hijos lo mejor y más valioso que los padres tienen. En este sentido, un laicista como E. Miret Magdalena, empeñado en sacar del sistema educativo oficial la formación confesional religiosa encerrándola en las sacristías y los hogares es, por lo menos, una vulgar inconsecuencia con la fe que Miret dice confesar.

Lo que algunos laicistas, como el mencionado Miret, mantienen en el fondo de sus posiciones es una curiosa distinción entre una educación, verdaderamente seria y principal, diseñada y administrada por el Estado (el sistema educativo), y otra que, a su modo, con sus medios y secundariamente pueden hacer, y hacen como pueden, instituciones como la familia o la Iglesia. Con apariencia de neutralidad y de generoso reconocimiento de otras instancias, el Estado es el dueño de una educación oficial, en la cual, según los laicistas, no debería meter su cuchara instancia alguna ajena al propio Estado.

Pero no hay derecho a esa separación y discriminación si con ello se dificulta o impide el ejercicio de la educación que por derecho y obligación corresponde a los padres y a la Iglesia.

Hay en esto involucradas cuestiones de principio que, por serlo, de ninguna manera pueden ser negociadas en sus términos, aunque en virtud de las circunstancias las formas detalladas de realización de esos principios puedan ser distintas en cada ocasión. Lo que en cada caso debemos exigir los padres, lo que en justicia nos debe reconocer el Estado (dándonos la ayuda necesaria para ello) es una efectiva enseñanza religiosa a nuestros hijos, en condiciones de justicia respecto de todos los ciudadanos, y con un profesorado digno y bien formado.

José J. Escandell