Conviene que la opinión pública tenga información veraz sobre los hechos para que pueda entender con objetividad el conflicto de estos profesores de Religión.

En primer lugar, no es cierto que se quiera convertir contratos indefinidos en contratos temporales. Nunca han tenido contratos indefinidos sino temporales. Desde siempre, pero sobre todo desde los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, ratificados por las Cortes Españolas, las propuestas de nombramiento de los profesores de Religión han sido para cada curso escolar. Eso no ha impedido que los profesores lleven muchos años dando clases, porque las Delegaciones de Enseñanza ha buscado siempre la estabilidad en el trabajo. Si mirando al pasado eso siempre ha sido así, no se ven motivos ahora para desconfiar respecto al futuro.

No se conculcan los derechos laborales conseguidos cuando dependían del Ministerio de Educación. Las condiciones siguen siendo las mismas. Ha cambiado sólo el modo de relación con la Administración Educativa, y eso por sentencia de los Tribunales de Justicia, que han aclarado que la relación que liga a los profesores de Religión con la Autoridad académica es ua relación LABORAL y no administrativa.

Las retribuciones siguen siendo las mismas que antes, equivalentes al sueldo de un profesor interino de Instituto, es decir, de 269.303 pesetas mensuales brutas, catorce pagas al año, por una jornada semanal de 18 horas lectivas, mejoradas, al pasar a la Comunidad de Madrid, en 13.000 pesetas mensuales más. Desde el punto de vista económico, no se puede hablar de contratos basura, como dicen algunos.

Parece ser que la razón fundamental para la protesta es la pretensión de modificar los Acuerdos Iglesia-Estado en el punto referente a las propuestas de nombramiento. El Acuerdo sobre Enseñanza dice que deben ser anuales, por cursos escolares, y ellos quieren que sean indefinidas. Es obvia la dificultad objetiva para cambiar un Acuerdo internacional.

Con el fin de intentar conjugar la propuesta anual con una relación laboral indefinida se han hecho muchos recursos ante los Tribunales de Justicia, que se han saldado, hasta la fecha, con 16 sentencias desestimatorias de la pretensión, al reconocer solamente una relación laboral temporal, y 5 estimatorias de una relación laboral indefinida pero condicionada a la propuesta anual del Ordinario del lugar. El asunto está ahora en manos del Tribunal Supremo que deberá unificar la doctrina de sentencias contradictorias.

Sorprenden, por tanto, las actitudes extremistas que, por parte de algunos, se han adoptado en este asunto, cuando puede llegarse en los próximos meses a una solución satisfactoria por una decisión del Supremo. ¿Se siguen considerando estos profesores enviados por la Iglesia local para enseñar Religión y Moral católica en los centros públicos?Porque la única justificación de su presencia en esos Centros es como profesores de Religión católica propuestos por la Jerarquía para garantizar la enseñanza del mensaje cristiano que, en ejercicio de sus derechos, han pedido los padres para sus hijos.

Después del Convenio entre la Conferencia Episcopal y los Ministerios de Educación y Justicia del 26 de febrero del presente año, siempre se ha tenido con estos profesores una actitud de diálogo y de asesoramiento sobre el alcance de la firma de los contratos, que no supone la renuncia a ninguno de los derechos adquiridos.

Llama la atención, por otra parte, la actitud de estos profesores de Secundaria hacia sus compañeros profesores de Religión de Infantil y Primaria . Éstos, que han tenido hasta hace un año una situación muy precaria en todos los órdenes, se alegran enormemente de la firma del Convenio antes citado, que les ha permitido tener, por fin, un contrato de trabajo, haber sido dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y tener un horizonte claro respecto a sus retribuciones económicas. De 86.000 pesetas mensuales en 1998 por jornada completa de 25 horas semanales han pasado a 125.000 en 1999, y en dos años llegarán al sueldo de los profesores interinos de su nivel.

Finalmente conviene que sepa la opinión pública que, fuera de ese reducido grupo de profesores de Religión de Secundaria de la diócesis de Getafe y Madrid, todos los demás profesores de Religión católica en centros públicos, tanto de Infantil y Primaria como de Secundaria, han firmado los contratos de trabajo. Entienden que ello no obsta para la búsqueda por medios razonables de posibles mejoras.

Santiago Martín Jimenez, S.J.
Delegado diocesano de Enseñanza